La Verdad

miércoles, 29 de octubre de 2008

Haitianos continúan la huída de Guayubín por temor a linchamientos


GUAYUBÍN/Monte Cristi, República Dominicana.- Ante la persistencia de las amenazas de venganza por el asesinato de un anciano a manos de un trabajador haitiano en la comunidad Juan Gómez, de Guayubín, los inmigrantes han huido, dejando atrás sus pocas propiedades y los campos agrícolas en donde contribuían con su mano de obra.

“No es justo que (lo haitianos) vengan de manera ilegal a nuestra comunidad, nos maten a nuestra gente y se vayan como si nada”, argumentó entre llantos María López Lara, pariente del Alcibíades Jiménez, el anciano asesinado el martes.

López Lara insistió que han sido “muchas las veces que hemos denunciado este problema, pero las autoridades no hacen nada para resolverlo”.

Jiménez, de 80 años, fue asesinado el martes y según sus deudos el crimen fue cometido por uno de sus trabajadores, un haitiano identificado sólo como “Papito”.

De acuerdo Luis Ramón Jiménez, hermano del anciano asesinado, pese a ser una persona de confianza y que incluso comía con el resto de la familia de la víctima, “Papito” cometió el crimen para robar un dinero que Alcibíades Jiménez obtuvo por la venta de un cerdo.

Tras la muerte del anciano, la población de Juan Gómez reaccionó de forma violenta y quemó al menos 20 rudimentarias casas en las que vivían inmigrantes haitianos, con todos sus ajuares dentro.

Julio José Estévez, pariente de Jiménez, advirtió que no esperarán que los haitianos sigan matando a los dominicanos, en la zona. Y de hecho, la persecución de haitianos no sólo se realizó en Juan Gómez, sino en otras comunidades vecinas como El Campamento.

Estévez y otros parientes de Jiménez manifestaron a Clave Digital que de ahora en adelante no permitirán la presencia de haitianos, ni siquiera de aquellos que están en las labores agrícolas en los cultivos de arroz o banano.

Junior Pérez, residente de Juan Gómez, aseguro que desde hace tiempo los habitantes de esa comunidad han la masiva presencia haitiana y el trasiego ilegal de inmigrantes, pero las autoridades no hacen nada.

Hace pocos meses, según afirmó, un haitiano mató a otro hombre para robarle en la comunidad de Hato del Medio. Recordaron además lo ocurrido en Hatillo Palma, donde el 10 de abril del 2005, Maritza Núñez fue asesinada a machetazos por un hombre de nacionalidad haitiana.

En un recorrido por Guayubín y varias de sus comunidades, Clave Digital no se observó haitianos en las calles, ya que muchos han huido por temor a ser linchados por la comunidad.

A juicio de las personas de Juan Gómez consultadas este miércoles, los haitianos se han ido por su cuenta y otros han sido sacados de los lugares donde vivían.

Falta de mano de obra


Pese a rechazar la constante llegada de los inmigrantes haitianos, los residentes de Guayubín también reconocen que la presencia de estos es necesaria por su mano de obra.

“Yo tengo 15 haitianos que trabajan conmigo en mi finca y ahora tengo la producción paradas porque todos se han ido”, alega Bienvenido García.


El productor de plátano entiende que las autoridades deben poner controles para que los haitianos que se dedican a trabajar en las fincas tengan un estatus legal.

García sugiere además que las autoridades establezcan controles para la contratación de mano de obra haitiana, ya que en las fincas dependen de ésta para los cultivos.

“No es que no haya haitianos, es que las autoridades deben actuar para evitar los problemas que se han suscitado”, dijo García, al recordar que los 40 mi habitantes de Guayubín dependen, básicamente, de la producción de arroz y plátano.

“Como chivos sin ley”

Al clamor de las comunidades se unen las voces de las autoridades del municipio de Guayubín, que abogan por controles eficientes para la migración haitiana y que se depuren los que se quedan en las fincas en labores agrícolas.

El síndico de Guayubín, Samuel Toribio, dijo que entiende la importancia de la mano de obra de los haitianos para los campos agrícolas, pero destacó que estos no pueden estar en el pueblo como “chivo sin ley”.

“No es una cuestión de racismo, es que no podemos permitir este desorden que hay. Usted espera la tarde aquí y lo que usted ve es penoso; los haitianos caminan por trullas en las calles y de todos, el 98% está de manera ilegal”, estima Toribio.

Agregó además que muchos de estos haitianos ya no vienen al municipio de Guayubín a trabajar, sino que también se dedican a delinquir.

Carmen Joselyn Espinal, encargada de la Junta Distrital de Hatillo Palma, dijo que pese a las reuniones que se hicieron en el 2005, tras la tragedia de Maritza Núñez, las autoridades migratorias no han hecho nada para buscar una solución.

La funcionaria advierte que la presencia masiva de los haitianos en su comunidad es una especie de bomba, que en cualquier momento traerá una desgracia aún mayor.

Investigación


Sobre el caso y la búsqueda del responsable del asesinato de Jiménez, el comandante del destacamento policial de Guayubín, teniente Fausto Familia, explicó que las indagatorias están en manos de la policía de Villa Vásquez, municipio vecino, también de Monte Cristi.

Se oponen al centro Comunal

Según el síndico Toribio, en Juan Gómez, donde se produjo la muerte de Jiménez, los moradores no solo rechazan la presencia de los haitianos, sino que se muestran opuestos a la construcción de un centro comunal, por considerar que fomentará la llegada de inmigrantes.

El centro comunal es patrocinado por el movimiento Solidaridad Fronteriza, que representa el sacerdote jesuita Regino Martínez.

Toribio dijo que respeta el trabajo a favor de los inmigrantes haitianos que realizan el padre Martínez, pero advierte que si la comunidad no quiere la obra, ésta no será aprobada porque no se puede poner nada por encima del interés colectivo.

El edil manifestó que la comunidad rechaza que se construya el centro porque entiende que esto no erradicará el problema, sino que aumentará la presencia masiva de los haitianos.

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