La nueva del diputado Cedeño

Por Manuel Frontán

El diputado Eugenio Cedeño, del PRD, no conforme con fracasar en el proyecto que modifica la Ley 202-04 sobre Áreas Protegidas, ahora se destapa con otro que obligaría a cada dominicano y extranjero a pagar por bañarse en esos lugares.

La iniciativa propone que los ayuntamientos de cada municipio donde están las playas cobren 35 pesos diario a cada extranjero mayor de doce años que se hospede en los hoteles de los polos turísticos y 17.50 pesos a cada dominicano bañista o vacacionista, como contribución para mantener limpio y en orden el lugar.


Los criollos o extranjeros que entren a un establecimiento turístico sin autorización serían llevados a la cárcel o tendrían que pagar una multa, según ese proyecto.

Agosto: un mes muy duro para las familias dominicanas

Perspectiva ciudadana
Duro, el mes de agosto. La vuelta a clases de los hijos reclama un gasto superior a los ingresos mensuales de muchas familias dominicanas. Lo es porque, en busca de enseñaza de calidad y por tanto de la oportunidad futura de buenos empleos y mejores ingresos para sus hijos, la educación pública es resignación, la privada, ilusión.

Para las familias europeas y norteamericanas –ahora menos por el desempleo y el desplome de los ingresos, el mes traumático es septiembre, al regresar de las vacaciones, al punto de que muchas parejas se separan/divorcian. Las dominicanas lo padecen un mes antes y sin vacaciones.

En el caso europeo y norteamericano podría decirse que es el reencuentro con la rutina del empleo, del hogar y de la ciudad. Para las dos terceras partes de las familias dominicanas es otro desencuentro más dentro del rosario de calamidades o inseguridades cotidianas, precarias y caras, como la comida, la salud, la energía eléctrica, el agua, el transporte. Y no digo más para no pecar de necio.

La alegría de enviar a los hijos a la escuela, de disfrutar verlos aprender, en lugar de una recompensa existencial, se constituye todos los años y mientras dura su escolaridad, en un verdadero tormento. No disponer del dinero para pagar la educación de los hijos es una angustia que alimenta la sensación de fracaso de los padres y de la pareja. Ni siquiera la cena de navidad y los regalos de reyes, momentos emblemáticos, son tan demandantes como el inicio del año escolar.

Obligadas a endeudarse para cubrir la inscripción, la mensualidad adelantada y comprar los libros y otros útiles escolares, uniforme escolar y deportivo, dos hijos pueden significar para estas familias –las dos terceras partes de las familias dominicanas- que ingresan promedio 10,000 pesos o menos al mes, tener que buscar entre 15 y 20 mil pesos, para mayor desgracia, a un usurero de barrio.

Los empresarios piden más inversión en educación porque requieren obreros y empleados mejor preparados. El gobierno responde diciendo que con una presión tributaria de 13% no puede invertir el 4% que manda la ley de Educación. Los empresarios alegan que no dan un centavo más en impuestos porque el gobierno es un malgastador impenitente. Y ahí se queda el asunto.

Habrá que ver que se piensa y hace, porque la sociedad dominicana no puede seguir apostando, por más tiempo, a que la educación de sus ciudadanos la financien las familias de clase media y pobres.

La desconcertante prohibición de Interior y Policía

En medio de una creciente inseguridad ciudadana, por atracos, asesinatos, violaciones, robos a negocios, a transeúntes, a familias en su hogar, a ganaderos víctimas de cuatreros, a ciudadanos luego de retirar dinero del banco, la decisión de Interior y Policía de prohibir a los ciudadanos y ciudadanas portar un arma de fuego en lugar visible, enganchada al cuerpo, otorga una clara ventaja a los delincuentes que jamás acatarán tal prohibición.

Los recientes y cada vez más frecuentes escándalos que involucran a miembros de los cuerpos armados en bandas que atracan y trafican con drogas, revelan las debilidades que tienen como instituciones del orden para proteger a la población y a la nación. La gente siente esa desprotección, al extremo que para irse a caminar –ejercitarse- en las madrugadas o al final de la tarde, muchos lo hacen provistos de un palo, por si acaso.

Si mencionamos los largos apagones, el deficiente alumbrado público y el poco patrullaje, habría que convenir que no se ha escogido el mejor momento, las festividades navideñas, período, luego del Día de las Madres, de mayor actividad comercial y circulación de dinero, mientras la delincuencia luce audaz y bien apertrechada.

No dudo de las buenas intenciones del secretario Almeyda –evitar balas perdidas, excesos y la peligrosa mezcla de tragos y armas de fuego. Sin duda, el secretario de Interior es un buen hombre y está empeñado en hacer su trabajo, pero la medida desconcierta y no favorece la percepción que deben tener los ciudadanos y ciudadanas del gobierno y del Estado como protectores de vidas y bienes privados y públicos. En lugar de proveer seguridad, provoca lo contrario.

Personas con las que he conversado se resisten a creer que, precisamente en estos momentos, Interior y Policía dispusiera lo que ha dispuesto. "Tú estarás relajando", comentó uno que anduvo despistado estos días sin leer periódicos, cuando le confirmé la noticia.

Un lector de Perspectiva Ciudadana, cuya familia tiene colmados y centros de llamadas por la Charles de Gaulle, cerca de Los Trinitarios, negocios que manejan mucho efectivo, me escribió hace unos días pidiendo que hiciera público su desconcierto y el de muchos comerciantes que al salir de casa y regresar del negocio deben armarse de valor, estar ariscos todo el día, para no dejarse sorprender por ladrones y atracadores.

Guillermo Peña, que es como se llama el lector, dice que le parece válido el propósito "civilizatorio" de Interior y Policía de reducir la cantidad de armas en la calle. Sin embargo, le causa extrañeza, pues resulta, argumenta, que esa institución estatal es la que otorga permisos de porte y tenencia de armas de fuego. Angustiado, escribe que ellos no se pueden desarmar frente a un enemigo armado que acecha cualquier descuido o parpadeo para atracar y robar.

Tiene razón Guillermo. Mucha razón. La misma que tendrían ingenieros y productores agropecuarios que cargan todas las semanas mucho efectivo para pagar la nómina de sus trabajadores.

¿Dónde está el peligro, de dónde proviene la amenaza a la paz pública, de quienes tienen autorización de Interior y Policía para tener y portar armas o de aquellos que están y actúan fuera de la ley?

Desarmar será siempre un buen propósito, el asunto es quién desarma a quién y cuándo.

Cuidemos los autobuses de la OMSA

Por: Alberto Ramirez
Las autoridades de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) realizan ingentes esfuerzos para mejorar la ya exigua flotilla de vehículos de que dispone esa institución, cuyos colectivos tienen ya entre doce y siete años interrumpidos de servicio a la comunidad.

Las últimas de esas unidades fueron adquiridas para el transporte de los atletas en los Juegos Panamericanos.

Todo esto quiere decir que el tiempo de vida útil de esos autobuses, que debe ser de alrededor de cinco años, se ha vencido doblemente y que los mismos continúan en las calles dando servicios (aunque en condiciones precarias) gracias a la eficiente labor de mantenimiento que se lleva a cabo en la administración de esta empresa estatal de servicio.

La OMSA fue creada por el presidente Leonel Fernández, en su primer período de gobierno, con el propósito básico de ofrecer transporte seguro y a bajo precio a la clase social más necesitada del país, que es la que utiliza este servicio y es la que más necesita del mismo, pues ofrece mayor distancia por menos dinero.

Pero resulta que la clase humilde es también el mismo estrato social que más se lanza a las calles a realizar protestas ante la falta de algún servicio público. En esas manifestaciones callejeras, muchos vándalos se aprovechan para hacer daño a la propiedad pública y hasta a la privada.

Recientemente, por ejemplo, mientras se protestaba por la deficiencia en el suministro de energía eléctrica, desaprensivos agredieron una decena de autobuses de la OMSA, logrando con esa actitud, hacer más deficiente el servicio de transporte que a la postre les perjudica a ellos mismos que son quienes utilizan este servicio publico para desplazarse hacia sus respectivos centros de estudio o trabajo.

El director de la OMSA, ingeniero Ignacio Ditrén, se quejaba amargamente y con toda la razón porque en las ultimas protestas le dañaron diez unidades, lo que viene a agravar aún más la deficiencia de autobuses que tiene la institución; Y se peguntaba, que ¿si la mejor manera de protestar por la deficiencia de un servicio era dañando otro servicio?

La gente tiene que entender que los autobuses de la OMSA son una propiedad que más que del Estado es del pueblo dominicano directamente; y es al propio pueblo a quien le conviene mantener este servicio por lo que debe convertirse en un celoso guardián de las guaguas, mucho más ahora que las autoridades se esfuerzan por adquirir nuevos autobuses para dar ser más efectivo el transporte a la clase humilde el país, de manera barata, segura y decente.