Jiménez Richardson también deja la Comisión de Indultos

El coordinador general de la Pastoral Penitenciaria, Fray Arístides Jiménez Richardson, renunció ayer a la Comisión de Indultos de la Procuraduría General, en protesta por la decisión del presidente Leonel Fernández de indultar, sin consultársele, a los implicados en el Plan Renove y a Vivian Lubrano de Castillo. Jiménez es el cuarto miembro del organismo que deja esa posición.
Entre tanto, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) expresó su preocupación por los indultos otorgados por el mandatario la noche del lunes, y afirmó que la medida debilita los esfuerzos en la lucha contra la corrupción.

Jiménez Richardson es el cuarto miembro del organismo que deja la posición en protesta por la medida presidencial, en las últimas 24 horas. Previamente renunciaron los periodistas Nuria Piera y Huchi Lora, así como la arquitecta Marisela Vargas.

“Nos sentimos lastimados en cuanto a las funciones que nos corresponden como Comisión de Indultos”, dijo el sacerdote en un comunicado en el que señaló que se enteró de la medida a través de los medios de comunicación.

Jiménez dijo que el Jefe del Estado no le consultó, a pesar de que la comisión se reunió hace unos días en la sede de la Procuraduría, “donde ponderamos municiosamente a los candidatos idóneos para obtener este especial perdón, sin que nadie fuera aprobado”.

Continúan en el organismo el reverendo Manuel Estrella y el director de Prisiones y procurador adjunto, general Manuel de Jesús Pérez Sánchez.

Además de Lubrano Castillo, fueron favorecidos con el perdón presidencial los sindicalistas Casimiro Antonio Marte Familia (Antonio Marte), Milcíades Amaro Guzmán y Gervasio de la Rosa, así como el ex funcionario Pedro Antonio Franco Badía, quienes habían sido condenados en tres instancias por el fraude cometido mediante el programa de cambio de chatarras por autobuses, conocido como Plan Renove.

De su lado, la ANJE expresó que aunque el mandatario hizo uso de una facultad constitucional, “esta acción de indultar a personas condenadas de conformidad a la ley por casos de corrupción que afectaron enormemente al Estado y a la sociedad dominicana en general, constituye un debilitamiento a los esfuerzos que se hacen en la lucha contra la corrupción”.

Indicó que la medida presidencial “aumenta la desconfianza que puede tener la ciudadanía en el sistema de administración de justicia, ya que esta acción va en detrimento de la credibilidad ganada por el Poder Judicial”.