Implicado en caso Paya habría pedido acuerdo judicial

Uno de los implicados en el caso Paya, acusado de lavado activos, pidió al procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, llegar a un acuerdo de cooperación para que su pena sea reducida, informaron fuentes del Ministerio Público.

De acuerdo a la versión, Augusto Alberto Daneris Andújar, en una carta manuscrita de su puño y letra enviada a Jiménez Peña, dice que autorizó a sus abogados para llegar a ese acuerdo.

Empero, Daneris Andújar, quien se encuentra preso en la cárcel del 15 de Azua y es representado en el tribunal por el abogado Geraldo Rivas, dijo que en ningún momento ha pedido al ministerio público llegar a un acuerdo para que se le reduzca la pena, tras señalar que desde que cayó preso viene enfrentando el proceso judicial.

Según el ministerio público hay certificados de depósito que están a nombre de Daneris Andújar, y se determinó que éste compró la casa de Paya donde fueron asesinados siete colombianos.

Asimismo, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional distribuyó otro calendario fijando la fecha de audiencia en que se continuará el juicio seguido a las 27 personas, entre militares y civiles, acusadas de la matanza de Paya, Baní. La audiencia son los días 5, 8, 12 y 15 de enero próximo.

En recientes audiencias, el juez Román Hiciano Berroa escuchó los reparos de los abogados de los imputados a las pruebas aportadas por el ministerio público, quienes objetan y solicitan la nulidad de pruebas.

Pruebas
Uno de los abogados que cuestionó las pruebas acusatoria fue Renzo Marino Hidalgo, representante legal del ex miembro de la Marina de Guerra, Antonio Roche Pimentel, a quien se le acusa de violar la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, y el artículo 36 del Código Procesal Penal, sobre porte y tenencia de armas de fuego. Entre las pruebas suministradas en contra de Roche Pimentel están varias llamadas hechas desde su teléfono móvil a varios de los implicados la noche del 4 de agosto del 2008; las cuales, según su abogado, no tienen fundamento ya que carecen de firmas y sellos que las respalden.

Marino Hidalgo dijo que varias de las pruebas y testimonios presentados ante el tribunal carecen autenticidad y valor probatorio, por tanto resultan inútiles para establecer algún hecho de acusación.

Entre las pruebas testimonial presentadas por el ministerio público se encuentran los testimonios del coronel Julio César Soufront, en su condición de encargado del área financiera de la Dirección Nacional de Drogas y del general Edwin Dominicci Rosario, ex jefe de inteligencia de la Marina.