La Verdad

domingo, 18 de julio de 2010

La Corporación Dominicana de Empresas eléctricas estatales inició la campaña “Cero Deudas-Cero Fraudes”,

El vicepresidente de la CDEEE, Celso Marranzini, informó que con esa iniciativa se busca que los empleados asuman el compromiso de constituirse en ejemplos de pago a tiempo del servicio y de rechazo al fraude eléctrico.

Marranzini advirtió que el impago y el robo de energía obligan en parte al Estado a disponer de un subsidio que ha montado los US$4 mil millones en los últimos cuatro años, un monto que duplica la crisis bancaria de 2003.

“Con esta campaña estamos diciendo a los dominicanos que la única forma de tener un futuro brillante es cambiando la suerte del sector eléctrico”, expresó.

Dijo que eso se logrará a través del pago de la energía consumida, para que el subsidio pueda ser invertido en educación, salud, viviendas y en el cambio de la aspecto de los barrios.

Precisó además, que la campaña “Cero Deudas- Cero Fraudes” implicará un monitoreo permanente de la cuenta de los empleados y contratistas con las compañías distribuidoras, así como de la conducta de pago, lo que según dijo, podría implicar amonestaciones, suspensiones de contratos y hasta desahucio en casos extremos, como participación, auspicio y comisión de fraude eléctrico.

La decisión fue puesta en marcha de manera simultánea en la Corporación CDEEE, Edesur, Edenorte, Edeeste y Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Empresa Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS).

De acuerdo con un levantamiento de la Gerencia de Recursos Humanos de la CDEEE, el 89% de los empleados tiene sus facturas al día, apenas 8% presentan retraso y un 3% tiene pendiente de formalizar sus contratos con las empresas distribuidoras de electricidad.

Marranzini comentó que si esos parámetros se replicaran en el país, la industria eléctrica saldría de su crisis arrastrada por más de 40 años.

Anunció que planteará al presidente Leonel Fernández que dicha campaña sea extendida a todas las instituciones del sector público, para que pagar el servicio eléctrico se convierta en un compromiso nacional que termine involucrando también al sector privado.

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