Dos fincas de Quirino serán usadas como cárceles

SAN JUAN DE LA MAGUANA, República Dominicana.- El procurador general de la República, Radhamés Jiménez, anunció la construcción de dos centros penitenciarios en fincas que pertenecían a presunto narcotraficantes Quirino Ernesto Paulino Castillo, así como la coordinación con otras instituciones del Estado para poner a producir unas 3,400 tareas.

En un recorrido por las instalaciones de cuatro fincas que pertenecían a Paulino Castillo, Jiménez informó la construcción de un centro semiabierto con capacidad para 100 internos penitenciarios y otro regional para albergar a 800, como parte de la ampliación y modernización del sistema penitenciario dominicano.

El titular del Ministerio Público Hizo el recorrido acompañado del fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, el director de Prisiones, Manuel de Jesús Pérez Sánchez, y el director de la Escuela Nacional Penitenciaria, Roberto Santana.

Dijo que la Procuraduría asumió el control de la hacienda ganadera “Belkis Elizabeth”, en Pedro Corto, y otros bienes en esta provincia.

Dispuso que una comisión encabezada por Pérez Sánchez se encargará de establecer el orden y la seguridad de las instalaciones.

El procurador Jiménez dijo que establecerán en esa finca una especie de “modelo de producción penitenciaria”.

Esos trabajos los realizarán en alianza con la Secretaría de Agricultura, el Instituto Agrario Dominicano, así como otras instituciones.

En el caso del centro semiabierto que proyectan construir expresó que será para los internos que han logrado un buen grado de recuperación y rehabilitación en el cumplimiento de sus condenas. Serían llevados allí para insertarlos en la producción para que obtengan ingresos para ellos y los familiares.

Mientras que el centro que tendrá capacidad para 800 internos será para aquellas personas que tienen condenas definitivas.

En la construcción de los dos centros que se construirán trabajarán más de 200 personas, entre los vigilantes de tratamiento penitenciario y otros funcionarios como médicos, psicólogos y trabajadores sociales.

El Estado estadounidenses y llegó a un acuerdo con el Ministerio Pública Dominicano, mediante el cual la Fiscalía retiró los cargos de lavado de activos contra siete familiares de Paulino Castillo, a cambio de quedarse con bienes del presunto narcotraficantes valuados en unos 14.5 millones de dólares.

Paulino Castillo, acusado en el país por su vinculación con un cargamento de 1,387 kilogramos de cocaína, fue extraditado a Nueva York en febrero de 2005, en donde enfrenta cargos por su supuesto nexo con un cargamento de 1,150 kilogramos de cocaína.