"No hay voluntad política del Estado para resolver problema migratorio”

SANTO DOMINGO.- El Servicio Jesuita a Refugiad@s y Migrantes deplora los asesinatos y la destrucción de viviendas ocurridos la semana pasada en Neyba y Guayubín y está muy preocupado porque estos responden a problemas estructurales que República Dominicana arrastra desde hace años: la justicia ineficiente, el aumento de la impunidad, el discurso ultra nacionalista de algunos medios de comunicación, la nula política migratoria y la poca voluntad de respetar los derechos de los inmigrantes.

Por eso, sólo la actuación decidida y eficiente del Estado dominicano puede evitar que actos tan lamentables como estos sigan repitiéndose regularmente en diferentes lugares del país.

A pesar de lo que parece en casos como éste, los pueblos dominicano y haitiano conviven, comercian y comparten sus vidas diariamente. Solo una minoría, como ha ocurrido en Neiba y Guayubín, decide a veces tomarse la justicia por su mano o descargar su ira sobre la población más indefensa. En ello cuentan con el apoyo indirecto del Estado, que incumple su obligación de impedir las agresiones y, más tarde, de identificar y sancionar a los culpables.

Mientras los victimarios salen impunes, a las victimas se les agrede doblemente: primero son los particulares quienes les atacan, y luego es el Estado el que (en lugar de defenderlos) les viola sus derechos fundamentales con repatriaciones masivas. Los efectos de estas repatriaciones perjudican, además, las relaciones comerciales entre ambos pueblos y, lejos de representar una solución a la situación migratoria del país, tienden a agravarla.

Que no existe una voluntad de resolver el problema migratorio es algo evidente. No se respetan los acuerdos migratorios firmados con el gobierno haitiano y la ley 285-04 no es aplicada y, si lo fuera, tendría un efecto contraproducente. El panorama empeoraría aun más si se llegase a aprobar el texto del Proyecto de Reforma Constitucional sometido por el ejecutivo al Congreso tal y como está redactado.

Si el Estado Dominicano quiere encontrar soluciones a estos problemas, debería hacer caso al informe preparado por la Comisión Especial de Relatores de la ONU que visitó el país el año pasado y al sector empresarial y a la Sociedad Civil, que piden una política migratoria responsable, coherente y respetuosa de los derechos de los inmigrantes. Para demostrar su buena voluntad, podría comenzar con los casos concretos de Neyba y Guayubin, encontrando y castigando a los culpables.