Por el asesinato de Álex el Pelotero pagaron RD$400 mil

La comisión designada por la Procuraduría General de la República para investigar la muerte del recluso José Gabriel Arias Castillo, mejor conocido como Álex el Pelotero, determinó que se trató de un asesinato por encargo.

A esa conclusión llegaron los miembros de dicha comisión Ramón Arístides Madera, procurador general adjunto; el fiscal de la provincia de Santo Domingo, Perfecto Acosta; el director de Inteligencia Delictiva, Juan Fructuoso Heredia; el de Investigación Criminal, José Polanco Gómez; el de Prisiones, Manuel de Jesús Pérez Sanchez y el director del CIC, Jose Matos de la Cruz.

Los resultados, que fueron dados a conocer en una rueda de prensa, establecen que los sicarios contratados en la cárcel para materializar el hecho fueron los reclusos Cristian Martínez Lora, Picher y Quelvín Rafael Montilla Domínguez, quienes actuaron por instrucciones del preso Jaime Espinal Alcántara, alias "El Boxeador".

A su vez éste establece que los sicarios supuestamente contaron con la ayuda material y complicidad de Emmanuel del Orbe, alias Luis el Calvo; Gerderson Sánchez Vargas, Jorge Peralta, Manuel Antonio Núñez y Darwin Diaz Soler.

Según el informe, Espinal Alcántara ofreció pagar una suma de RD$400 mil para la ejecución, lo que robustece esa información declaraciones de Edward Neftali Ventura Bernard, en el sentido de que había recibido una propuesta de parte de una persona sólo identificada como "Fire".

El informe también establece que Álex el Pelotero tenía vínculos con Omar Antigua Polanco, presunto socio de José David Figueroa Agosto, que cayó abatido el 31 de enero pasado.

También, la comisión recomienda someter a la justicia a los reclusos actuantes en la muerte de Álex el Pelotero, así como también a un grupo por asesinato, asociación de malhechores y porte y tenencia de armas.

Piden que se destituya el alcaide de La Victoria, Pedro Manuel Astacio, el traslado del coronel Lucas Valenzuela y del teniente coronel José Ramón Martínez Polanco, comandante y oficial ejecutivo del penal, respectivamente.