La Verdad

viernes, 30 de octubre de 2009

Fiscalía Y DNCD solicitan a SCJ investigar juez dio libertad bajo fianza

La Procuraduría General de la República, la Fiscalía del Distrito Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas manifestaron este jueves su preocupación por la aptitud adoptada por el juez, Franny Manuel González Castillo de variar una medida de coerción, de prisión preventiva a garantía económica en favor del imputado Jimmy Oliver Rodríguez Ortiz, sobre quien pesa una acusación sobre narcotráfico.

En ese sentido, las entidades antes señaladas formularon un llamado a la Suprema Corte de Justicia para que abra una investigación, en torno a la decisión desafortunada del juez González Castillo, que aseguran no están a la altura de la rigurosidad que los casos de narcotráfico ameritan.

Manifestaron que este tipo de jueces no está apoyando la lucha contra el narcotráfico que están librando las autoridades en la República Dominicana.

Hablando en rueda de prensa realizada en la Fiscalía del Distrito Nacional el fiscal Alejandro Moscoso Segarra, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Rolando Rosado Mateo y el procurador fiscal adjunto, Frank Soto indicaron que no es la primera vez que el magistrado González Castillo toma una decisión de este tipo, porque el 8 de agosto del año pasado otorgó una fianza a dos imputados de narcotráfico, a los que se les ocupó ocho kilos de cocaína.

“Lo que no quiere decir que ese tipo de acción la cometan la generalidad de los jueces, porque la mayoría de los jueces dominicanos son serios y honestos, pero hay jueces como ese que no están apoyando la lucha contra el narcotráfico”, argumentaron.

Explicaron que el imputado Rodríguez Oliver fue apresado flagrantemente el 15 de septiembre de este año con 50 kilos de cocaína en un vehículo con un compartimiento secreto para ocultar drogas ilícitas.

Agregaron que esperan que la Suprema Corte de Justicia abra una investigación, que se profundice y se establezcan cuales fueron las razones que motivaron la variación de la medida, que ellos calificaron como infundadas y que no se acogen al proceso.

Expresaron que están conscientes de que existe la voluntad de parte de las autoridades de enfrentar el narcotráfico, pero en esta ocasión lo que se está cuestionando es, la decisión del juez González Castillo, por lo que solicitan que se abra una exhaustiva investigación para que no se siga repitiendo este tipo de decisión.

Consideraron que el daño que el narcotráfico está ocasionando a la sociedad debe ser enfrentado de manera enérgica por las autoridades responsables de combatir el narcotráfico, incluyendo los jueces, quienes tienen la responsabilidad final, con sus decisiones, de aplicar justicia.

Señalaron que si bien es cierto que los jueces son independientes en sus actuaciones, no es menos cierto que sus decisiones deben estar supeditadas a presupuestos legales y, en el caso en cuestión, es improcedente la variación de la prisión preventiva a Rodríguez Ortiz, en vista de que los presupuesto legales que lo enviaron a prisión se mantienen inalterables.

“Por lo que el ministerio público hará uso de las vías jurídicas que tiene a su alcance para apelar esa decisión que desluce el gran esfuerzo que realizan el Ministerio Público, y la Dirección Nacional de Control de Drogas en la lucha contra las drogas”, apuntaron.

Mientras que el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Rolando Rosado Mateo, indicó que la actitud asumida por el juez González Castillo llama a preocupación, porque pone en riesgo la integridad física de los agentes de ese organismo y de los representantes del Ministerio Público.

“Nuestros agentes están entrenados para repeler cualquier agresión, pero el Ministerio Público no tiene el mismo nivel de entrenamiento, que ellos, por lo que corren mayor riesgos que los miembros de la DNCD, aunque ello no quiere decir que nuestros agentes no corren peligro también”, dijo Rosado

Anexo Comunicado enviado

COMUNICADO

La Procuraduría General de la República, la Fiscalía del Distrito Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas manifiestan su profunda preocupación por el tratamiento dado por parte del juez interino del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, magistrado Franny Manuel González Castillo, quien el pasado viernes 23 de octubre varió una medida de coerción, de prisión preventiva a garantía económica, a favor del imputado Jimmy Oliver Rodríguez Ortiz, apresado flagrantemente el 15 de septiembre de 2009 con 50 kilos de cocaína en un vehículo con un compartimiento secreto para ocultar drogas ilícitas.

La Procuraduría General de la República, la Fiscalía del Distrito Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas entienden que si bien es cierto que los jueces son independientes en sus actuaciones, no es menos cierto que sus decisiones deben estar supeditadas a presupuestos legales y, en el caso en cuestión, es improcedente la variación de la prisión preventiva al señor Rodríguez Ortiz, en vista de que los presupuestos legales que lo enviaron a prisión se han mantenido inalterables, por lo que el Ministerio Público hará uso de las vías jurídicas que tiene a su alcance para recurrir esa decisión que desluce el gran esfuerzo que realizan el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas en la lucha contra las drogas.

No es la primera vez que el magistrado en cuestión toma una decisión desafortunada como ésta. El 8 de agosto de 2008, mediante la resolución número 576-08-00011, el magistrado Franny Manuel González Castillo otorgó una fianza a dos imputados de narcotráfico a los que se les ocupó 8 kilos de cocaína.

El daño que el narcotráfico está ocasionando a la sociedad dominicana debe ser enfrentado de manera enérgica por todas las autoridades responsables de combatir este flagelo, incluyendo los jueces, quienes tienen la responsabilidad final, con sus decisiones, de aplicar justicia.

El Ministerio Público, como representante de la sociedad, solicita a la Suprema Corte de Justicia que ese alto tribunal abra una investigación exhaustiva en torno a estas decisiones desafortunadas que no están a la altura de la rigurosidad que los casos de narcotráfico ameritan.

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