Superintendentes apoyan proyecto del Presidente para la construcción de viviendas

La iniciativa del Presidente Leonel Fernández para impulsar la construcción de viviendas con participación de Fondos de Pensiones, no tocará la Ley que regula esos recursos, sino que implica la creación de otra legislación diferente, según explicaron los superintendentes de Bancos, de Pensiones y de Valores, licenciados Rafael Camilo, Persia Alvarez y Haivanjoe NG Cortiñas.

El superintendente de Bancos, licenciado Rafael Camilo, explicó que la nueva Ley otorgará incentivos a los inversionistas que se acojan, para abaratar hasta en un 30 por ciento el costo de las viviendas destinadas a la clase media en sus niveles más bajos, que actualmente no pueden acceder a un techo digno.

Camilo destacó que los estudios más recientes sobre el tema revelan la existencia de un déficit habitacional de 800 mil unidades, que sólo puede ser enfrentado con inversiones del gobierno y el sector privado de manera coordinada.

Precisó que con el nuevo estatuto no solo las Administradoras de Fondos de Pensiones podrán dirigir recursos a proyectos habitacionales, sino que cualquier inversionista tendrá acceso a las facilidades que dará el Estado a la construcción de casas y apartamentos de bajo costo.

Indicó que el proyecto de ley contempla la introducción al sistema financiero de la figura del Fiduciario, así como la eliminación del pago de impuesto sobre la renta, itebis y cualquier otro tributo.

Para reducir los costos de los proyectos, el Estado además contribuirá con el aporte de los terrenos. Se estima que solo por este renglón, los precios de las casas bajarían en un 10 por ciento.

Al hablar en nombre de las superintendencias de Valores, de Pensiones y de Bancos, Camilo manifestó que la nueva Ley está dirigida a promover que los trabajadores puedan adquirir sus casas familiares, sin que ello signifique que el Estado descontinúe la edificación de viviendas de interés social destinadas a los sectores marginados.

En tal sentido, reasaltó que tanto el Instituto Nacional de la Vivienda como otras agencias continuarán su misión de beneficiar a familias que no generan recursos para pagar los iniciales ni las cuotas de una casa construida por los promotores inmobiliarios.

En la conformación de la nueva legislación se busca un consenso entre las instituciones estatales y las entidades del sector privado, por lo que en la Comisión Técnica figuran las citadas superintendencias, así como la Secretaría de Hacienda, el Banco Central, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, la Liga de Asociaciones de Ahorros y Préstamos y el Banco Nacional de la Vivienda...

Para darle forma al nuevo estatuto se han contratado dos firmas de abogados que figuran como consultores. El sector privado aporta los fondos para cubrir todos los costos de la reforma.

Adelantaron que se levanta un proyecto piloto como modelo del sector, mediante el cual se espera la habilitación de mil nuevas viviendas para trabajadores a partir del año próximo.

Se proyecta que la cuota máxima que aporte cada familia beneficiaria del programa no exceda los ocho mil pesos por mes para cubrir el pago de su vivienda.

Destacan que con esta iniciativa el presidente Fernández establece claramente que por encima del panorama internacional adverso se procura contribuir a la creación de empleos en país, con lo que protege el bienestar de los ciudadanos.

Los superintendentes expresan que estas ideas del mandatario son acordes con la Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, ya que el objetivo fundamental de esa política es incrementar la rentabilidad en beneficio de las cuentas individuales de los afiliados.

Observan que una de las alternativas viables para financiar viviendas y obras de infraestructuras es mediante la emisión pública de títulos de valores, con la ventaja de que esos instrumentos financieros poseen riesgo cero, ya que cuentan con garantía ilimitada del Estado, en virtud de su permanencia y continuidad.

Puntualizaron que el proyecto de ley que facilitaría la inversión de fondos de pensiones en proyectos habitacionales e infraestructuras, anunciado por el jefe del Estado, tendría adecuada rentabilidad y control de los riesgos, al tiempo de respetar las normas y procedimientos establecidos por las Superintendencias de Bancos, de Pensiones y Valores.