La Revisora conocerá tema de nacionalidad

La Asamblea Nacional continúa hoy lunes con el conocimiento en segunda lectura de la reforma constitucional y tendrá en la agenda el conflictivo tema de la nacionalidad, los derechos colectivos y difusos, el derecho a la educación y las garantías y derechos fundamentales.

La comisión de Verificación y Auditoría recomienda en su informe a la Asamblea Revisora una ampliación del jus solis, sobre la nacionalidad, a fin de otorgar una amnistía a los hijos de extranjeros que hayan ingresado al país amparados en convenios o contratos para labores agrícolas.

"Los hijos e hijas de padres extranjeros que estén debidamente inscritos en el Registro Civil Dominicano podrán adquirir la nacionalidad dominicana, siempre que sus padres hayan ingresado al territorio nacional, amparados en convenios o contratos para labores agrícolas. Una ley especial regulará este procedimiento", reza el nuevo numeral que discutirá la Asamblea.

Sobre los derechos colectivos y difusos, la Asamblea aprobó en primera lectura trece preceptos, que fueron ratificados por la comisión de verificación y auditoría.

Sin embargo, la suerte de la sanción definitiva de estos derechos está en manos de los asambleístas, luego de que los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) pactaran reducirlos de 13 a tres.

Además, los asambleístas discutirán los derechos del Medio Ambiente, las garantías y derechos fundamentales y los derechos de ciudadanía que incluyen demandar la constitucionalidad de las normas o actos jurídicos de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley y también denunciar las faltas graves cometidas por funcionarios en el desempeño de sus cargos.

Pacto a prueba

A partir de la sesión de esta tarde se evidenciará la influencia del último acuerdo firmado por el PLD y el PRD sobre la reforma constitucional y que sugiere eliminar al menos 26 artículos y numerales sancionados en primera lectura.

El pacto propone suprimir un numeral del artículo 16 de los derechos de ciudadanas y ciudadanos que establece que puede "demandar la inconstitucionalidad de las normas o actos jurídicos de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley".

En el pacto se alega que "no todo ciudadano goza de este derecho. Para intentar la acción en inconstitucionalidad se debe necesariamente tener un interés legítimo y jurídicamente protegido".