Juristas apoyan creación de un Tribunal Constitucional

Un grupo de juristas calificó como prioritaria la creación de una Sala Constitucional, como está contemplada en el proyecto de reforma constitucional sometido por el presidente Leonel Fernández, con miras a la consolidación del sistema constitucional, profundizar la democracia, hacer prevalecer los derechos y libertades y afianzar el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas.

Los posición está contenida en una carta remitida a la Asamblea Nacional, firmada por los juristas Eduardo Jorge Prats, Milton Ray Guevara, Alejandro Moscoso Segarra, Franklyn García Fermín, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Cristóbal Rodríguez Gómez, Jottin Cury hijo, José Ricardo Taveras, Eric Raful Pérez, Carlos Salcedo, Lino Vázquez, Rosalía Sosa Pérez, Nassef Perdomo Cordero, Santiago Rodríguez Tejada, Félix Damián Olivares, Félix Tena, Alberto Fiallo, Miguel Valera, Rosina de Alvarado, Leila Mejía, Omar E. Victoria Contreras, José Luis Taveras, Justo Pedro Castellanos, José María Cabral Arzeno, Pedro Durán, Mariel León Lebrón y Agustín García Pérez.

Consideran que la Sala Constitucional beneficia a los mejores intereses de la nación, ya que expresa una demanda concreta de sectores importantes de la sociedad que aspiran a que la misma sea debidamente satisfecha.

Una comisión de asambleístas tiene bajo estudio el capítulo del proyecto de reforma sobre el tribunal. Los juristas consideran que la instancia contribuye con el fortalecimiento del Poder Judicial.

La carta

A continuación la carta pública de los juristas, titulada "Por una jurisdicción constitucional especializada":

El carácter integral de la reforma constitucional que actualmente conoce la Asamblea Nacional, la considerable ampliación del catálogo de derechos fundamentales que la misma implica, el establecimiento de la cláusula del Estado Social, el reconocimiento de la dignidad humana como fundamento de la constitución y del Estado, el afianzamiento del principio de supremacía constitucional y la apertura del derecho interno al derecho internacional de los derechos humanos, convierten en una cuestión de primer orden la creación de instrumentos garantes del sistema de valores y principios constitucionales subyacentes a estas disposiciones supremas del ordenamiento.

El estudio del Derecho comparado nos enseña que la experiencia generalizada de los países que han logrado consolidar sus sistemas constitucionales, profundizar la democracia, hacer prevalecer los derechos y libertades y afianzar el adecuado funcionamiento de sus instituciones públicas, cuentan con una jurisdicción constitucional especializada que ha desempeñado un rol de primer orden en la realización de estas elevadas metas.

En nuestro país, las alternativas que se plantean para la especialización de la jurisdicción consisten en la creación de un Tribunal Constitucional independiente del Poder Judicial o de una Sala Constitucional como parte de la Suprema Corte de Justicia. Más allá de las razones que puedan militar a favor de una u otra modalidad, los abajo firmantes coinciden plenamente en que la prioridad es la creación de un órgano especializado de justicia constitucional que dote de sentido pleno al ordenamiento en su conjunto. Existe, además, un argumento de consenso histórico a favor de una jurisdicción constitucional especializada. Cuando se revisan los anteproyectos y los proyectos de reforma constitucional que desde las academias, desde la sociedad civil, desde los partidos y desde algunas instancias gubernamentales se han elaborado en los últimos lustros en el país se puede constatar que, en absolutamente todos, se ha propuesto la creación de un Tribunal Constitucional como un órgano autónomo.

Este es un aspecto que conviene considerar puesto que el mismo expresa una demanda concreta de sectores importantes de la sociedad dominicana que aspiran a que la misma sea debidamente satisfecha. Más aún, la opción por un Tribunal Constitucional configurado como un órgano extra poder fue la más valorada en la Consulta Popular impulsada por el Ejecutivo como paso previo a la reforma de la constitución. Conviene llamar la atención sobre algunas cuestiones particularmente relevantes del diseño de esta jurisdicción: a) La especialización de un órgano (Tribunal o Sala) debe hacerse manteniendo vigente el modelo difuso de control de constitucionalidad que convierte a todos los jueces en garantes de la constitución; b) en el caso de que la opción que se adopte sea la de la Sala Constitucional, al interior de la Corte Suprema, es de vital importancia que sus decisiones sean finales y definitivas, a fin de que ninguna otra instancia tenga competencia para conocer de las mismas, pues con ello se desnaturalizaría el sentido de esta jurisdicción; c) los integrantes de la jurisdicción constitucional deberán tener un alto nivel de especialización en materia constitucional, su designación debe ser por un período limitado de tiempo durante el cual gozarán de inamovilidad, y debe quedar expresamente prohibida su reelección, como una forma de desestimular la búsqueda del favor entre los integrantes de la instancia que los designa, pues esto condicionaría luego el criterio de quienes por esta vía resulten ratificados en sus puestos.

El sentido primero de toda Constitución es establecer límites al ejercicio del poder. La efectividad de esos límites sólo será posible con la existencia de un guardián de la Constitución dotado de la fortaleza y la especialización necesarias para garantizar la sujeción de las actuaciones del poder a la Constitución.

Los abajo firmantes, en nuestra condición de catedráticos universitarios y de propulsores de las reformas institucionales tendentes al fortalecimiento del Poder Judicial, hacemos un ferviente llamado a la Asamblea Nacional para que se tome en consideración estos puntos de vista, convencidos como estamos de que, con esta propuesta, se benefician los mejores intereses del país.