Las mujeres no podrán suspender el embarazo sin importar razones

Riamny Méndez/Clave Digital


SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Desde la concepción-es decir, cuando un óvulo microscópico se une con un espermatozoide de la mitad de su tamaño- estará protegida la vida humana en República Dominicana, si se aprueba en el Congreso el proyecto de reforma de la Constitución propuesto por el Poder Ejecutivo.

El artículo 30 establece: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte”.

El proyecto genera debates entre agrupaciones feministas, que defienden el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, y grupos como la jerarquía católica y diputados conservadores, que defienden sin medias tintas el artículo 30, pero también pone sobre el tapete temas médicos.

Tanto la ginecóloga y feminista Liliam Fondeur, como el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, plantean que esta legislación puede incidir en el futuro en el uso de anticonceptivos hasta ahora aceptados, como la “píldora del día después” y el dispositivo intrauterino, que en algunos casos pueden expulsar el óvulo a las pocas horas de ser fecundado.

Fondeur explica, además, que con la reforma constitucional, en República Dominicana podría repetirse la experiencia de Costa Rica, donde la “fertilización in vitro” tiene trabas legales.

Debate sobre derechos
Si se aprobara el proyecto tal y como está redactado, en el futuro no se podrían establecer leyes para interrumpir el embarazo bajo ninguna circunstancia

La Colectiva Mujer y Salud y el Centro para la Investigación y Acción Femenina (CIPAF) plantean que se debe legislar a favor del aborto al menos cuando el embarazo ponga en riesgo la salud de la mujer, cuando el feto no tenga posibilidades de sobrevivir o si es producto de violación o incesto.

El diputado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Ricardo Taveras, piensa que el texto pretende proteger la vida del ser más indefenso en este dilema, el feto o el embrión al que el legislador llama: “el no nacido”.

“Es un dilema muy grande el que se vive cuando para mantener el equilibrio sicológico de la madre se tiene que disponer de la vida de otra persona”, enfatiza el congresista, durante una conversación en la que se ha tocado el tema de los embarazos producto de violaciones o incestos.

Fondeur entiende que los grupos feministas sólo defienden el derecho de la mujer a decidir y a tener control sobre su salud sexual y reproductiva.

Plantea el aborto como un asunto de equidad de género porque no hay ninguna intervención quirúrgica equivalente para los hombres; y de igualdad social porque las más pobres se exponen a abortos inseguros.

El presidente del Colegio Médico, no es, como Fondeur, feminista. Pero coincide con ella en que se debe cambiar el texto del artículo 30 para permitir que en el futuro se pueda legislar a favor del aborto en caso de riesgo de la vida de la mujer y en algunos casos de violación e incesto.

También comparte su preocupación de que la reforma pueda incidir negativamente en la práctica de abortos por riesgo inminente en la vida de la mujer, lo que niegan los defensores del artículo, como el diputado del FNP.

Suero, sin embargo, enfatiza que el CMD no está de acuerdo con los “abortos criminales”, que a su juicio son los que se hacen a mujeres que deciden no parir, a pesar de estar sanas y presentar embarazos normales.

Aida Tavárez, médica interna de la Maternidad La Altagracia y activista de la Colectiva Mujer y Salud, vive el dilema de las implicaciones del aborto más allá de las discusiones filosóficas, morales y legales planteadas por políticos, religiosos y abogados.

Su experiencia de ver la desesperación de una mujer embarazada de un feto sin posibilidades de sobrevivir, internada en un hospital a pesar de su deseo de hacerse un aborto, fue expuesta durante las vistas públicas del Congreso Nacional.

Tavárez cuenta que la mujer sufría con el embarazo que, además, ponía su vida en riesgo, mientras sus cuatro hijos tenían que sobrevivir sin ella.

Luego de las vistas públicas la mujer fue desembarazada por el hospital, explica la activista que además es cristiana mormona. Afirma que nunca practicaría un aborto a una mujer cuyo embarazo no represente ningún riesgo para su vida, no haya sido violada, o esté gestando un feto sano.

Piensa que en todo caso la mujer tiene el derecho a decidir pero que, bajo ciertas circunstancias, ella optaría por la objeción de conciencia. Opina que para Dios es muy importante “el libre albedrío” y está entre las que entienden que cuando las iglesias pretenden controlar la práctica del aborto desde el Estado entran en conflicto con esa libertad.

El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez no piensa como ella. En sus declaraciones a la prensa ha insistido una y otra vez en la idea de que el aborto es una aberración.

Según una declaración recogida por la prensa en noviembre del año pasado el cardenal afirmó: “La mujer no tiene derecho a elegir. Ha sido creada por Dios para acoger la vida y defenderla, no para destruirla”.

Tavárez, que en su trabajo de activista también fue testigo de la muerte de una niña hipertensa de 12 años, embarazada de su tío, opina que la iglesia debe limitarse a orientar a sus fieles y que el Estado deber ser laico. Ahora toca a los congresistas decidir.

Sanciones
En el país el aborto está sancionado con penas de hasta 20 años para el personal de salud que coopere directamente con la interrupción del embarazo “abusando de su profesión", según el artículo 317 del Código Penal. Este artículo también estipula que podrán ser sancionadas con penas de reclusión menor que van desde los seis meses hasta los dos años otras personas que cooperen directamente con el aborto, aunque la mujer esté de acuerdo. La mujer que decida y consienta en interrumpir su embarazo también puede ser sancionada con las mismas penas, al igual que quienes sirvan de contacto entre los practicantes del aborto y ella, de acuerdo con el texto. El nuevo texto del Código, que también sanciona el aborto, está en discusión.

Precedentes
En febrero de 2007, la Fiscalía del Distrito Nacional cerró dos clínicas donde supuestamente se practicaban abortos y sometió a la Justicia a médicos, enfermeras y otras personas que trabajaban en los centros.

En ese entonces, tanto el Colegio Médico Dominicano (CMD) como asociaciones feministas, entre ellas la Colectiva Mujer y Salud y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) criticaron a las autoridades.

Las asociaciones feministas calificaron la actitud de las autoridades como "desacertada, imprudente y peligrosa".

En un comunicado publicado en conjunto, explicaron que la práctica contribuiría al aumento de las muertes por interrupciones mal practicadas y al aumento del costo del procedimiento para las mujeres más pobres. El CMD argumentó que las autoridades no tomaron en cuenta el hecho de que en ocasiones el aborto es necesario para salvar la vida de las mujeres.