FJT alerta sobre desmantelamiento CC por parte de los actuales incumbentes

FJT informa que la Cámara de Cuentas con presupuesto de 423 millones de pesos al año realiza menos del 7% de las auditorias que la ley le asigna, despide el personal especializado, contrata entidades privadas para hacer su trabajo, todo ello en violación a la Constitución de la República y a la Ley 10-04. La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) denunció que los actuales miembros de la Cámara de Cuentas desmantelan la institución, violando flagrantemente la Constitución de la República y la ley.

Trajano Potentini, hablando a nombre de la entidad, la cual se ha caracterizado por fundamentar sus críticas a instituciones públicas, sostuvo que los miembros de la Cámara de Cuentas entregaron el control del archivo histórico interno de la institución a una entidad privada de nombre Tanaglia, la cual es representada y dirigida por el señor Diego Fernando Meyreles, persona de quien se ignora su calidad y capacidad para organizar y conservar documentos de trascendencia pública de alto interés para la nación, dada la naturaleza de su contenido; la gravedad de este punto radica en que se trata de la memoria histórica del país en materia de transparencia, documentos que eventualmente pudieran ser requeridos en interés de cualquier investigación en consonancia con las disposiciones de la Ley 200-04, sobre acceso a la información pública.

Asimismo, denunció que constituye un despilfarro de fondos públicos lo que hacen los miembros de la Cámara de Cuentas, gastando millones de pesos con la subcontratación de sus responsabilidades a entidades privadas, en franca violación al artículo 32 de la ley 10-04, pagando de su presupuesto, las auditorías que esa institución está obligada a ejecutar por mandato constitucional y de Ley 10-04.

Afirmó Potentini, que la conducta exhibida por los miembros de la cámara de cuentas se orienta a desmembrar y privatizar esa fundamental institución del Estado, a su llegada al cargo cerraron y desmantelaron las estructuras regionales de Azua, La Romana y Santiago, y a la fecha han despedido a más de 400 empleados, incluyendo técnicos calificados, cuya formación, entrenamiento, capacitación y habilitación le costaron al país millones de pesos.

La falta de respeto con el que se trata al pueblo dominicano ha llegado a situaciones risibles, pues la Cámara de Cuentas, informa en su propia página electrónica que las auditorias aprobadas en 2009 totalizan 18 entidades públicas, 16 ayuntamientos municipales y 15 partidos políticos, que naturalmente no incluyen a ninguno de los partidos mayoritarios del sistema político dominicano que reciben hasta el 80% de los recursos públicos para fines de proselitismo electoral.

La FJT afirmó, que es tan notoria esta falta de respeto, que en la página electrónica de la Cámara de Cuentas aparecen “iconos” como el titulado TRANSPARENCIA, que en vez de proporcionar información, lo que hacen es redirigir a la página principal; con ello, la persona que busca datos sobre lo que hace la institución, regresa al punto de partida sin obtener resultado alguno.

Esta situación viene a confirmar nuestro reclamo en ocasión en que los actuales miembros de la Cámara de Cuentas, a su arribo a esas funciones, se adjudicaron ilegalmente y en franca falta de ética, un sobre sueldo más el salario de navidad completo, en diciembre de 2008, sin reunir los meritos laborales suficientes y derechos requeridos por la ley.

Si en aquella ocasión, la sociedad dominicana aceptó la dispensa de que fueron objeto por parte del Senado de la República en interés de superar los remanentes de la crisis que había suscitado la membrecía anterior de ese importante órgano de fiscalización externa del Estado, en esta ocasión el Senado de la República debe intervenir lo antes posible para exigirles que se le informe detalladamente acerca de la cantidad y tipo de auditorías que se han realizado desde octubre de 2008, fecha en que tomaron posesión de sus cargos los actuales miembros, y cuántas auditorias han sido realizadas por la Cámara de Cuentas y otras empresas privadas.

Es importante que así se haga, puesto que estamos en presencia de una flagrante e inaceptable violación de la ley; pues la aposentada práctica de contratación de auditorías a firmas privadas que se viene realizando desde la administración anterior, atenta contra la transparencia, economía y control de la gestión pública, en la medida que se utiliza de forma irregular y excesiva en detrimento del fortalecimiento institucional que debe guiar la misión de los miembros de la Cámara de Cuentas; pues la contratación de empresas privadas sólo es posible de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 10-04, bajo la condiciones siguiente y citamos:

Artículo 32.- Auditoría por firmas privadas. Las instituciones y organismos del Estado sólo podrán contratar firmas privadas seleccionadas mediante concurso que asegure la publicidad, competencia y transparencia, para ejecutar las auditorías externas de sus operaciones, previa autorización expresa de la Cámara de Cuentas, sin perjuicio de sus facultades constitucionales de control, en los casos siguientes:

1) Cuando no estén incluidas en el plan anual de auditoría preparado por la Cámara de Cuentas o no sea posible realizar la auditoría demandada, por carencia de recursos humanos y logísticos;

2) Cuando la Cámara de Cuentas, por la complejidad del asunto, no disponga de personal especializado para llevarla a cabo;

3) Cuando así lo determinen de manera expresa convenios internacionales.

Párrafo.- El costo de la contratación y prestación de servicios de auditoría quedará a cargo de la entidad a ser auditada, de acuerdo con los reglamentos y normativas que la Cámara de Cuentas disponga al efecto.

De este artículo y su párrafo, se desprenda claramente que la cámara de cuentas no tiene faculta alguna para contratar empresas que hagan su trabajo, cuando se trate de entidades privadas se hará a pedimento de la institución interesada, quedando baja la responsabilidad única y exclusiva de la institución interesada en la auditora, cubrir los gastos, bajo la supervisión de la cámara de cuentas, que así lo haya previamente autorizado. En el único momento que la ley le permite a la cámara de cuentas contratar los servicios de firmas privadas, es cuando corresponde practicarle una auditoria a la propia cámara de cuentas de su manejo interno.

La Fundación Justicia y Transparencia se apresta a demandar por las vías de derecho y de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República artículo 246, y el artículo 7, numeral 4, de la Ley 10-04, (sobre el control social) las explicaciones que correspondan al manejo dado por los miembros de la Cámara de Cuentas a lo más de 600 millones pesos aproximadamente, que han recibido la cámara de cuentas por concepto del presupuesto anual, para solo realizar menos de ochenta(80) auditorías al cabo de dieciocho meses, algunas de las cuales fueron subcontratadas con empresas privadas, reiteró Potentini, lo que evidencia su ineficiencia, baja productividad y poca transparencia en el manejo de los fondos públicos en contraposición a lo que dispone el artículo 1 de la Ley 10-04.

Esperamos que el Senado de la República, como lo manda el artículo 14 de la referida ley, cumpla el papel que además, le asigna la Constitución de la República, llamando a los miembros de la Cámara de Cuentas a explicar, lo que han hecho hasta este momento; pues el país se merece una explicación y sobre todo, respeto a sus recursos humanos y económicos, sin permitir jamás, que funcionarios públicos hagan un uso medalaganario de los mismos y no reciban las merecidas sanciones legales que señalan las leyes dominicanas.