Presentan anteproyecto de ley de declaración jurada de bienes; contiene sanciones de 5 a 10 años de prisión

La Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) presentó hoy un anteproyecto de ley de declaración jurada de bienes de funcionarios públicos la cual contiene sanciones de 5 a 10 años de prisión, multas equivalente al monto envuelto en la acción y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de dos a 10 años.

El anteproyecto fue presentado por el director de la DPCA, Hotoniel Bonilla García, al presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Francisco Domínguez Brito, donde también estuvo presente el Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, el representante del Banco Mundial en el país, Robi Senderowitsch, del Consejo Nacional para la Reforma del Estado (Conare), Marcos Villamán y representantes de la Sociedad Civil.

El director del DPCA dijo que el anteproyecto obliga a los funcionarios a presentar un inventario detallado, legalizado por un notario público de los bienes que constituye en ese momento su patrimonio y el de su conyugue, sin el cual no se hará efectiva su designación o elección.

De su lado, el representante del Banco Mundial indicó que la declaración jurada de bienes de funcionarios públicos es un elemento fundamental de la transparencia en la administración pública que le brinda a los ciudadanos una herramienta para la rendición de cuentas.

Indicó que el Banco Mundial viene apoyando el país con este tipo de iniciativa en base al pilar de una alianza estratégica en República Dominicana sobre desarrollo institucional, ya que la gobernabilidad contribuye al desarrollo de los países.

De su lado, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Francisco Domínguez Brito, dijo que la ley que rige en la actualidad sobre declaración jurada de bienes es una estafa porque se presta a que los funcionarios la infrinjan, lo que no ayuda a la lucha contra la corrupción.

Garantizó que la pieza presentada hoy por el ministerio público será aprobada por el Congreso.

Igual parecer expresó el Procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, quien señalo que el ministerio público dará cumplimiento a esa ley tan pronto sea aprobada.