Población RD tolera explotación sexual infantil

Veinticuatro de cada cien dominicanos no denunciaría un caso de explotación sexual comercial y al menos 22 no lo haría porque no le importa o no es su problema.

De acuerdo con los resultados del segundo estudio de tolerancia social “El comercio sexual con personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana”, la mayoría de estas poblaciones reconoce la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes como un delito, pero el 56.7% considera que las autoridades no sancionan a quienes lo cometen. Menos de la mitad de las personas encuestadas (43.3%) considera que sí se sanciona este delito en sus respectivos países.

La investigación, realizada por el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), confirmó que el nivel de tolerancia de la población de la región y del país se mantiene y que las denuncias hechas por la sociedad son cada vez menos ante este tipo de delitos.

Los resultados del estudio, elaborado con una muestra de 8,767 personas, indican que el 95% de los encuestados reconoce a la explotación sexual como un delito, pero el 24.8% dijo que no haría nada si conociera un caso.

En República Dominicana quienes respondieron que no denunciarían estos casos argumentaron que no confían en el sistema (46.4%), que tienen temor a represalias (31.2%) o que no les importa o no es su problema (22.4%).

Vagabundería y pobreza La investigación concluye que la tendencia a revictimizar a las víctimas se mantiene, pues la mayoría de los encuestados atribuye la explotación sexual a causas relacionadas con la persona menor de edad abusada y su familia y hasta optaría por denunciarla a ella en lugar del explotador.

De cada cien entrevistados en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, las siete naciones estudiadas, 26.4% considera que la vagabundería de la persona menor de edad víctima de abuso sexual y su falta de educación son las que provocan su explotación sexual comercial. Mientras, 31.5 lo atribuye a la falta de valores morales de la familia o de la víctima y el promedio llega a un 42.1 cuando la razón que se argumenta es la pobreza de las familias de las víctimas.

En el caso dominicano, el 33.4% denunciaría al explotador, pero 27.6 de cada cien encuestados dijeron que denunciarían a la víctima, el 23.9% no haría nada y el 15.1% hablaría con los padres.

Los datos anteriores denotan que una tercera parte de las personas entrevistadas denunciaría al explotador y que más de la mitad elegiría denunciar a la víctima, no hacer nada o hablar con sus padres. Ese porcentaje de personas que denunciaría al explotador constituye el más bajo de la región, donde el promedio es de 40.8%.

“Debemos trabajar unidos para terminar con la tolerancia social a este delito, que se hace tan común que empieza a verse como normal. Debemos dejar de acusar a las personas menores de edad como las responsables de la seducción, ellas son las víctimas, no hay por qué confundir”, aseguró la representante de Unicef en República Dominicana, Francoise Gruloos Ackermans.

“No es suficiente con la Ley, debe haber preocupación por la elaboración de campañas de información que conciencien y sensibilicen a la población general sobre el grado de vulnerabilidad de estos niños, niñas y adolescentes”, agregó Elías Dinzey, coordinador del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT.

Asimismo, la oficial de Políticas Públicas y Protección a la Infancia de Unicef, María Elena Asuad, concluyó que en el país hay una desconfianza en el sistema, porque existe un divorcio entre el discurso y la práctica institucional.

“Se hace necesaria una campaña de movilización social, porque las denuncias no progresan”, dijo.

LA GENTE CONSIDERA QUE FALTAN LEYES
Un 45 por ciento de la población encuestada considera que la principal causa de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, no relacionada directamente con la víctima, es la falta de leyes, aunque el 95% de la región sabe que se trata de un delito penado por las leyes de sus respectivos países.

La segunda causa es la falta de política, con un 27,8%; seguida por los proxenetas e intermediarios que promueven la explotación, con un 13.8%, y por las personas que pagan por abusar sexualmente de menores de edad, con un 13.4%.

Las entrevistas para este estudio se realizaron entre octubre y noviembre de 2008, con un margen de error de un 2.8% y un nivel del confianza de 95%, con una muestra aleatoria.