ADOCCO se querella contra Segura
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) se querelló este jueves ante la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) contra el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas estatales (CDEEE), Rhadamés Segura, por las supuestas irregularidades denunciadas por la periodista Nuria Piera.
La instancia contentiva de la querella y de documentos fue entregada al director del DPCA, Hotoniel Bonilla, por el coordinador general de ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio, quien estuvo acompañado de los directivos de la entidad, Yuscil Chez Bueno, coordinador ejecutivo, Rigoberto Rosario Guerrero, coordinador y Freddy A. Ramírez, coordinador jurídico.
Entre las irregularidades denunciadas y que le han servido a ADOCCO para presentar la querella se citan las donaciones a fundaciones de legisladores, la iglesia católica y evangélica por un monto superior a los RD$6 millones, del 2008 a la fecha, que tenga trabajando a 43 miembros de su familia con altos salarios y una nómina de asesores que incluye al hermano del presidente Leonel Fernández, Delcio Andújar Reyna, con una asesoría de RD$126 mil, entre otras.
En la querella, la entidad detalla el contrato de servicios otorgado grado a grado a la firma de abogados de Mariano Germán Mejía, en el 2008, a los fines de que la firma represente los intereses de la empresa estatal en la demanda contra la misma por parte de la empresa TCW GROUP, INC, donde solo tomaron en cuenta para la selección de la firma profesional.
Adocco afirma que en la contratación de la Firma de Abogados GEMAN MEJIA, en la cual recibió RD$696,000.00, se violó la ley 340-06 sobre Compras, Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y Conseciones, que tiene como principios la igualdad y libre competencia, la transparencia y publicidad, el principio de economía y flexibilidad, la equidad, la participación, indicando la Ley que los procesos y personas sujetos a la misma son compra y contratación de bienes, servicios, consultoría y alquileres con opción de compra y arrendamiento, así como todos aquellos contratos no excluidos expresamente o sujetos a un régimen especial.
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