Auditoría confirma en el PRA trabajan 34 familiares y allegados a suspendido director

El vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, apoderó al Departamento de Prevención de la Corrupción del Ministerio Público para que proceda en contra del suspendido director del Programa de Reducción de Apagones (PRA), Marcos Lara, tras dar a conocer una auditoría donde se destaca que actuó con nepotismo, desvió materiales e impuso salarios por encima de la escala establecida en esa institución.

Segura dijo la auditoria se hizo cumpliendo con la solicitud del Ministerio Público, pero para ejercer una acción legal se requiere una hecha por la Cámara de Cuentas o por la Contraloría. Estas dos últimas no las han iniciado.

Explicó que el ingeniero Lara nombró 34 personas entre familiares, relacionados y miembros de la institución religiosa a la que pertenece; desvió materiales ferreteros que serían utilizados para la remodelación de dos oficinas del PRA, para una oficina privada de él, valorados en más de 300 mil pesos; impuso salarios de 120 mil pesos a directores departamentales y nombró un asesor con ese mismo sueldo, salario que según la escala debería tener el director de la entidad.

Entre los parientes hay 6 sobrinos, 3 cuñados, la ex esposa y el suegro actual.

Asimismo, a algunos sub directores les aumentó el sueldo a 90 mil y 100 mil pesos y a otros encargados a 75 mil pesos, cuando la escala salarial para éstos últimos es de unos 50 mil pesos.

En este último aspecto, dijo que los sobre salario ocurrió con unos seis o siete empleados, de un total de 800 que tiene el PRA.

En cuanto a los materiales de construcción, Segura dijo que de una compra de materiales de construcción adquirida con fondos del PRA por valor de RD$894,248.44 para la remodelación de una oficina en Herrera y otra en la Abraham Linconl, fue desviado el equivalente a RD$313,235.50, para una oficina privada que tiene Lara en la avenida 27 de Febrero.

El funcionario dijo que esa auditoría fue realizada por la Contraloría de la CDEEE y una auditora que contrataron, los cuales investigaron desde el primero de septiembre del 2008 al 15 de marzo del 2009, acogiendo una solicitud que le hiciera el director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, antes que se hiciera la denuncia en los medios de comunicación.

Pidió que se haga justicia y que no han dispuesto la cancelación de Lara para no prejuzgar ni cometer injusticia.