El aborto inseguro produce el 13% de las muertes maternas en RD

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El panorama sobre muerte materna en la República Dominicana no es nada alentador. La cifra se incrementó en los últimos años de 150 a 159 por cada 100 mil nacidos vivos al año, de los cuales el 20 por corresponde a muertes por abortos inducidos, según el informe “Análisis de la Situación del Aborto Inseguro”.

Las complicaciones del aborto como causa de mortalidad materna para los años 2005, 2006 y 2007 representó el 9.3%, 10.7% y 13% respectivamente del total de la mortalidad materna para esos años.

De acuerdo con el presidente de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, Aldrian Almonte, son cuatro las principales causas de muerte materna en el país que afectan en su mayoría a las mujeres de escasos recursos y que viven en zonas rurales: hemorragias vaginales, hipertensión arterial, infecciones y el aborto inducido.

“Cuando una mujer va a un centro de salud corre el riesgo de morir porque no hay bancos de sangres suficientes. Respecto a las infecciones, las pacientes se operan en lugares en donde no se les aplican los antibióticos necesarios, y se puede producir una infección que provoca la muerte.”, explica.

Considera que con excepción del aborto, estas causas se pueden prevenir si el sistema de salud se aboca en programas especiales de concientización y suple las necesidades que enfrentan los centros sanitarios.

Cifra preocupante

De los 472 mil nacimientos que ocurrieron entre los años 2003-2007, unos 122 mil 790 fueron abortos inducidos. El inicio temprano de las relaciones sexuales es un factor condicionante.

El análisis refiere que el 14% de las adolescentes tienen su primera relación sexual antes de los 15 años y el 50% antes de los 18. Mientras que el 21% de mujeres entre 15 y 19 años son madres o están embarazadas.

Entre tanto las mujeres con edades entre 15 a 35 años son las más propensas a practicarse abortos clandestinos, según Almonte.

El también director del Hospital de la Mujer considera que esta cifra es sólo un aproximado de la gran cantidad de abortos inducidos que se realizan en el país, porque a su juicio no hay forma de cuantificar con exactitud el fenómeno debido a que no es una práctica legal.

Para el especialista, un aborto inducido es sinónimo de aborto provocado. “Es aquel cuyas manos extrañas hacen usos de instrumentos, medicamentos, brebajes y cualquier tipo de técnicas para producir la expulsión del producto y finalizarlo antes de que cumpla las 20 semanas de gestación”.

Almonte explica que la práctica incompleta de un aborto puede provocar infertilidad, fibrosis en las trompas de Falopio y posteriormente un desgaste de las fibras del miometrio, infecciones, hemorragias y hasta la muerte.

“Los abortos a repetición producen fibrosis en las trompas y esto produce a la vez un desgaste de las fibras del miometrio, esto significa que las paredes del útero se ponen más finas y por ende, cuando vienen los embarazos siguientes no podrá fijarse y se producirán abortos a repetición. La otra causa es fibrosis en todo el aparato reproductor e infecciones”, asegura.

Decidir entre la muerte o la cárcel

El embarazo no deseado provoca que mayor cantidad de mujeres opten por practicarse un aborto clandestino. La falta de poder en la mujer para negociar prácticas sexuales seguras como el uso del condón y otros métodos anticonceptivos aumenta el número de embarazos no deseados y promueven la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual, y como consecuencia crece la tasa de aborto y muerte materna.

La vida de las mujeres con diagnóstico de aborto incompleto o con una enfermedad que le impide continuar con su embarazo pende de un hilo cada vez que asisten a los centros sanitarios en busca de asistencia.

“Existen abortos incompletos que son aquellos que la persona ha expulsado el producto de la concepción o se han provocado el aborto en la casa y llegan a los hospitales y hay que terminar ese aborto, lo que significa que hay que hacerle una limpieza intrauterina que como efecto secundario propio al procedimiento quirúrgico conlleva a que el útero se pueda perforar y haya que hacer una histerectomía y eso puede provocar la muerte”, opina el especialista.

En algunas ocasiones, los médicos se resisten a ofrecer sus servicios en estos casos por temor a ser sometidos a la justicia, por los familiares de aquellas que mueren en su intento de abortar.

“Lo que ocurre es que el médico no quiere tocar a la paciente porque no quiere ir a la cárcel si la paciente se complica, porque él no provocó el aborto. Si la paciente se esta muriendo o tiene una enfermedad que le produce una complicación durante el embarazo y existe la necesidad para que se mantenga viva practicarle un aborto, no puede tomar la decisión de interrumpir el embarazo por que la ley se lo prohíbe”, explica el doctor Almonte.

Considera que la incidencia de muertes maternas causadas por abortos clandestinos podría disminuir si se modifica el artículo 317 del Código Penal que impone una pena de hasta veinte años de trabajos públicos y reclusión a cualquiera que causare o cooperare directamente con la realización de un aborto.

“Significa que el último en ponerle la mano a esa paciente que fue el médico para tratar de salvarle la vida está sujeto a cumplir 20 años de cárcel por haberle puesto la mano y haberle concluido el aborto. Si a la paciente no se le extraen los restos de la placenta adheridos al endometrio se va a infectar y va a prolongar el sangrado que se convierte en hemorragia y eso la lleva a la muerte”, añade.

De modificarse el artículo, en el caso de las mujeres embarazadas que presenten una enfermedad que comprometa su vida, considera que lo más recomendable es practicarle un aborto terapéutico antes de las 12 semanas de gestación, y que para realizarlo tiene que hacerse con la previa aprobación de un comité de médicos.

“No estamos de acuerdo con que se penalice el aborto de esa manera. Apoyamos el aborto terapéutico cuando éste comprometa la vida de la madre, cuando la muerte sea inminente. Esa es la única circunstancia por la que pedimos que se modifique ese artículo”, sostiene.

Agrega “no apoyamos el aborto en el incesto, ni en violaciones porque entendemos que se trata de principios sociales de otra magnitud y esos problemas deben ser resueltos por otra vía que no sea el aborto”.

Es por eso que la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia junto a la SESPAS, ProFamilia y otras organizaciones responsables de velar por la salud matero-infantil abogan para que sea aprobada una medida que despenalice el aborto para fines terapéuticos y proteja legalmente a los médicos.

Estas entidades se reunieron el mes pasado con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, encabezada por su presidente, el diputado Víctor Terrero, para presentarles el “Análisis de la Situación del Aborto Inseguro” y dar a conocer sus inquietudes en torno a la problemática del aborto inseguro.

Entre los objetivos del informe está reducir la mortalidad materna asociada con el aborto, mejorar el acceso a anticoncepción para prevenir los embarazos no deseados y reducir los abortos provocados, ofrecer información sobre sexualidad responsable a niñas, niños y adolescentes, mejorar la protección social de la embarazada y madre de niños pequeños que trabajan y facilitar la adopción, entre otros.