Punta Perla defiende pulcritud y legitimidad de sus inversiones en RD

Ricardo Miranda Miré, presidente del consorcio Punta Perla, afirmó que la adquisición de la propiedad para desarrollar el complejo turístico iniciado en Punta Cana se han realizado con absoluto apego a le ley dominicana y que la legitimidad de sus actuales directivos ha sido certificada por la Cámara de Comercio de Santo Domingo que es la institución depositaria de los registros de las sociedades comerciales en el país.

Al responder a una denuncia del señor Andrés Lietor Martínez, publicada en medios digitales del país, Miranda Miré asegura que “se trata del intento de crear un escándalo para lograr en la opinión pública lo que no han obtenido en otros escenarios y “extorsionar a Punta Perla” para que pague determinadas sumas de dinero antes del vencimiento de los plazos contractuales y a su vez renuncie a la indemnización que ha reclamado a Liétor Martínez y Carlos Sánchez por las pérdidas millonarias sufridas por los incumplimientos en que incurrieron como vendedores de los derechos, que a través de la empresa Paraíso Tropical, S.A. ostentaba la propiedad de una parte de los terrenos en que se levanta el complejo turístico, reclamo que ha sido presentado en los tribunales españoles”.

Le atribuye la intención “enlodar el pulcro proceder que ha caracterizado a los integrantes del grupo Punta Perla, que no solo cuenta con la participación de personas de la más alta y distinguida reputación moral Nacional e internacional, si no también con el soporte de reconocidas entidades financieras Mundiales, que se han unido a nosotros desde que fue gestada la idea de construir el proyecto Punta Perla Resort, Golf, Marina & Spa, en la zona de Cabeza de Toro, Provincia de la Altagracia”.

Liétor Martínez, procesado en España por la estafa contra el Ayuntamiento de Marbella en lo que se ha conocido como el Caso Malaya y quien dice ser vicepresidente de la empresa “Paraíso Tropical, S.A.” advirtió a las autoridades dominicanas sobre la estafa que se estaría cometiendo en el proyecto Punta Perla, inaugurado recientemente con la presencia del Príncipe Alberto II de Mónaco y el presidente Leonel Fernández.

Dijo que Miranda Miré ha sido condenado en España por estafa y aseguró que Los terrenos sobre los que pretende desarrollar el Proyecto Punta Perla, valorados en más de 240 millones de dólares, no son de su propiedad, nunca los ha pagado y se está “intentado apropiar” de los mismos mediante la falsificación de documentos y la ficción de asambleas que la sociedad dueña de ellos “Paraíso Tropical, S.A.” nunca celebró.

Miranda Miré califica como una falacia la afirmación de que él o algún ejecutivo del consorcio turístico ha sido objeto de condena por estafa en tribunales españoles o dominicanos sin que existan una sentencia o decisión inculpatoria o personas que hayan presentado quejas que fundamenten esta afirmación.

Carlos Sánchez recibió $1600 millones

Explica Miranda Miré que el grupo de inversionistas del proyecto Punta Perla compró a Carlos Sánchez, Liétor Martínez y otros socios en los años 2005 y 2006, las acciones de la empresa Paraíso Tropical, S.A. y los terrenos y derechos que esta poseía en Cabeza de Toro. Los acuerdos establecían un programa de pago para saldar la suma convenida, lo que se ha cumplido puntualmente y hasta la fecha se han pagado más de RD$1,600 millones, a pesar de que los vendedores no cumplieron todas las estipulaciones del contrato y cometieron faltas graves que eran suficientes para haberles retenido los pagos.

Revela que toda la documentación que sirvió de base a estos acuerdos y los contratos mismos, fueron preparados por el licenciado Gustavo Biaggi Pumarol como abogado de Carlos Sánchez y Liétor Martínez, quien posiblemente por tales razones y en conocimiento del cumplimiento de lo convenido, no participa hasta el momento –en lo que Punta Perla y sus abogados tienen conocimiento- en ninguna acción contra el proyecto a pesar de que aparece citado en la carta que circula en Internet y se atribuye al señor Liétor Martínez.

“Esa documentación revela, de una parte, la compra de unas acciones de la compañía Paraíso Tropical, S. A. y unos inmuebles, que dicen poseían y representaban el señor Carlos Sánchez Hernández , como principal promotor de la transacción y sus vinculados, entre ellos el señor Lietor Martínez; y de otra parte, un precio como contraprestación a cargo de los integrantes del grupo Punta Perla, de los cuales se han erogado a la fecha más de mil seiscientos millones de pesos (RD$1,600,000,000), y su balance fue pactado en un calendario que no ha sido nunca incumplido por los compradores”, expone Punta Perla.

Y agrega que “debido a las penurias y dificultades económicas que exhibía el señor Carlos Sánchez y su grupo antes de que se destapara el caso Malaya y otras fechorías que ya se conocen públicamente, los compradores se vieron precisados a efectuar nuevos anticipos por más de quinientos millones de pesos (RD$500,000,000), no obstante las condiciones suspensivas que para su desembolso estipularon los contratos, y con las que nunca cumplieron los vendedores”.

Cámara de Comercio impidió fraude

Es importante señalar, expone el inversionista español, que en reconocimiento de ese legítimo proceder, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo emitió el Certificado de Registro Mercantil que reconoce los nuevos propietarios de las acciones de Paraíso Tropical S. A. a favor de los promotores de Punta Perla, los que en el ejercicio de sus derechos designaron los nuevos representantes estatutarios de dicha compañía; lo que era posible, aun cuando el precio garantizado y sujeto a un programa de pago no estuviese saldado al momento del cierre, quedando el diferencial sujeto a los término y al cumplimiento de las condiciones del contrato.

Asegura que la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo rechazó mediante resolución los subterfugios empleados por Liétor Martínez y Carlos Sánchez, que en complicidad con una funcionaria (que renunció al puesto tan pronto cometió el fraude), pretendían a pesar de haber vendido las acciones y recibido los miles de millones de pesos, re-apropiarse de las acciones y los inmuebles que habían sido adquiridos sobre la base de convenios preparados por sus propios abogados. Explica que el fraude descubierto se basaba en falsificar asambleas y someterlas al Registro Mercantil, en suplantación de las que legalmente ya se habían firmado.

Por este intento se radicó una querella por falsedad en la Fiscalía del Distrito Nacional y en Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DEPRECO)

La comunicación dice que al supuesto autor de la carta que circula en INTERNET es una persona perseguida criminalmente por la justicia y no se le reconoce una sola inversión legítima en la actividad comercial sana