La Ley permite al Gobierno el uso de los fondos de pensiones

SANTO DOMINGO.- El Sistema Dominicano de Seguridad Social, creado mediante la Ley 87-01, prevé que el Gobierno acceda a los fondos de pensiones para construir viviendas, pero no especifica un mecanismo para que los ahorros de los trabajadores sean destinados a otras áreas de inversión pública.

La experiencia en países latinoamericanos con sistemas de capitalización individual ha sido que los gobiernos aprovechen esos fondos para desarrollar infraestructuras.

GOBIERNO RECHAZA CRITICAS
El secretario de la Presidencia, César Pina Toribio, estimó ayer que no han actuado con suficiente sensatez y carecen se sensibilidad social, quienes han rechazado la propuesta del presidente Leonel Fernández de usar los fondos de pensiones para la construcción de proyectos habitacionales y obras de infraestructura.

Pina Toribio dijo que con su rechazo al proyecto, que todavía no ha sido tramitado debidamente, “se niega la oportunidad de proveer de viviendas a sectores humildes a través de la utilización adecuada de los recursos de los fondos de pensiones”.

Opinó que sería sólo a partir de la crítica a los fundamentos y a los detalles de la propuesta que podría abrirse el debate necesario a lo que el presidente Fernández ha planteado, así como la necesidad de consulta a todos los sectores sobre éste y otros temas.

Refirió que el mandatario ha actuado como un estadista responsable y preocupado por su país, porque “ha hablado de convocar al consenso, de convocar a la discusión de todos los sectores, a raíz de los acontecimientos de la crisis internacional que no ha sido creada en la República dominicana”.

“He escuchado las declaraciones del presidente del PRD (Ramón Alburquerque) y me parece que además de esa insensatez a que he hecho referencia, ahí hay una extrema insensibilidad social y una irresponsabilidad, porque al negarse a que con la utilización adecuada de estos recursos se pueda proveer a personas de escasos recursos de una vivienda, simple y sencillamente se le está dando la espalda a esos sectores”, sostuvo Pina Toribio.

Bengoa a favor
El secretario de Haciendas, Vicente Bengoa, favoreció ayer que el gobierno maneje los RD$68,000 millones acumulados por el fondo de pensiones, pero con el compromiso de que esos recursos se preservarán para garantizar el retiro de los trabajadores.

Bengoa aseguró que la intención de las autoridades de recurrir a ese dinero para invertirlo en obras de infraestructura y financiar la pequeña y mediana empresa es totalmente legal.

“Si es dinero que se necesita para hacer inversiones, lo conveniente es que se use”, significó Bengoa, quien habló después de participar en una reunión con la comisión de diputados y senadores que estudia el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del 2009.

LO QUE DICE LALEY
La mayoría de los países latinoamericanos con sistemas de capitalización individual permite que los fondos de pensiones sean invertidos en obras de infraestructura pública, aunque hay especificaciones de acuerdo al ordenamiento jurídico de cada nación. México es el único que explícitamente rechaza que puedan destinarse recursos de los ahorros de los trabajadores a obras estatales.

Aunque las legislaciones en materia de seguridad social lo permiten, los documentos consultados establecen que es difícil cuantificar el monto que se destina a obras estatales. Chile, Colombia, El Salvador, Perú, Uruguay, Argentina y Bolivia, con sistemas similares al de República Dominicana, permiten la inversión de los fondos de pensiones bajo reglas que garanticen la seguridad y la rentabilidad.

El presidente Leonel Fernández propuso que los fondos de pensiones sean invertidos en la construcción de viviendas y otras obras de infraestructura.

El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), creado mediante la ley 87-01, prevé la primera parte de la propuesta, pero no especifica un mecanismo para áreas de inversión pública, que es la razón para el proyecto de ley que someterá el Poder Ejecutivo.

La experiencia en los países con sistemas de capitalización individual ha sido muy positiva y la principal muestra es Chile, donde se han implementado mejoras al sistema de seguridad social sobre la base de expandirlo a las áreas de protección subsidiadas, afirmó la directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), Kirsis Jáquez, quien señala que en el caso de Chile las inversiones están en telecomunicaciones, viviendas, electricidad e infraestructura pública como vías de comunicación y en el sector financiero, por ser el primero en tener todas las condiciones para acceder a los fondos.

Jáquez consideró normal el rechazo que ha recibido la propuesta del Presidente por la novedad del sistema y porque ahora es que los dominicanos están aprendiendo a identificar la propiedad de los fondos.

A pesar de las aprehensiones, Jáquez explicó que la cuenta individual tiene como particularidad que no puede ser embargada. Señaló que el Estado participa como un emisor más del mercado demandante de largo plazo como lo tienen los fondos de pensiones.

“Aquí tenemos participación estatal de manera indirecta, pero para definir el tema que compete ahora con la propuesta del presidente Leonel Fernández, sobre la cual publicamos un documento de prensa, reiteramos que la iniciativa no la conocemos y entendíamos que los afiliados debían saber que todavía desconocemos a fondo la propuesta”, explicó.

La ejecutiva de la ADAFP sostuvo que esa entidad no está en una dirección o en otra respecto a la propuesta, sino que apoya toda iniciativa que quede dentro del marco de la ley.

LEGISLACIÓN

Chile: La inversión es mediante la compra de acciones y bonos de empresas privatizadas por el Estado y con fondos de pensiones en empresas privatizadas.

Argentina: Establece en forma específica la participación de los fondos de pensiones en proyectos de infraestructura, tales como obras públicas de interés nacional o regional.

Bolivia: La inversión de los fondos en infraestructura no está determinada en forma específica, pero es posible por medio de la compra de instrumentos de deuda emitidos por empresas que realizan proyectos de infraestructura.

Colombia: Está permitida su inversión en instrumentos que van a financiar proyectos de infraestructura, aunque esto no se encuentre establecido en forma específica en la ley. Perú: La Ley establece un límite de inversión de 4% en nuevos proyectos, lo que no ha sido reglamentado hasta el momento.

El Salvador: Los fondos de pensiones no financian en forma específica proyectos de infraestructura del gobierno.

Uruguay: Los fondos de pensiones pueden invertir en infraestructura utilizando aquellos instrumentos en que estos fondos tienen permitido invertir.

México: Los fondos de pensiones no participan en el financiamiento de proyectos de infraestructura y sólo una pequeña parte de las inversiones son destinadas a las empresas de los sectores privatizados.

POSICION DE LA SECRETARIA DE TRABAJO

El secretario de Trabajo, Max Puig, afirmó que el Gobierno será prudente en el uso de los fondos de pensiones y que garantizará su preservación y rentabilidad para beneficio de la sociedad.

Agregó que esta iniciativa no viola la ley 87-01 del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) porque lo que plantea el presidente Leonel Fernández es una modificación del reglamento a fin de utilizar estos recursos para obras. El funcionario ofreció estas declaraciones en una reunión con instituciones públicas, organismos no gubernamentales y extranjeros en la que se discutió el problema del trabajo infantil.

“Se ha criticado que estos fondos estén depositados en instituciones financieras, se ha reclamado que sean utilizados para activar el aparato productivo nacional y el planteamiento del Presidente responde a ese interés”, apuntó el funcionario.

El sector empresarial sugirió el martes pasado a las autoridades tener cautela en el uso de los fondos de pensiones ante el anuncio del mandatario en su alocución del lunes pasado de destinarlos a proyectos de infraestructura y en la construcción de viviendas económicas para los trabajadores.

Los empresarios opinaron que deben invertirse en renglones de alta rentabilidad y advirtieron que esos fondos son pripiedad de los trabajadores. Puig explicó que el principio del uso de estos fondos es que sean usados en actividades productivas rentables con la mayor prudencia posible. Además, que constituyen un capital importante ya que son fruto del ahorro de la sociedad dominicana y de los trabajadores y empleadores. Estimó que hay RD$64,000 millones aproximadamente en el área de pensiones, y cerca de RD$7,000 millones en la de riesgos laborales.

“El Gobierno de la República será todo lo prudente que el caso amerita, garantizando que esos recursos no solamente sirvan para el desarrollo nacional, sino también sean preservados, sean lo más rentables posible, de manera que las pensiones que deben cubrir estos recursos se garanticen debidamente”, sostuvo. El funcionario dijo que desconoce cuándo será sometido el proyecto de ley y que hay que esperar para debatirlo, para no prejuzgar la iniciativa antes de validarlo o invalidarlo.

“Se ha criticado que estos fondos estén improductivos, permanentemente se ha reclamado el uso de estos fondos, yo aseguro que el Gobierno de la Republica a la hora de presentar el proyecto de ley permitirá, como es lo usual en una sociedad democrática, que se expresen todas las opiniones para que la modificación del reglamento ofrezca las garantías que requiere la sociedad”, insistió el secretario de Trabajo.

Los fondos de pensiones son invertidos en instrumentos financieros que deben ofrecer niveles favorales de seguridad de la inversión y de rentabilidad.