Vicepresidente Alburquerque pide al Senado rechazar proyecto de ley

El vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, reiteró su rechazo al proyecto de ley de primer empleo que cursa en el Senado y calificó de lamentable el hecho de que los diputados lo hayan aprobado sin asesorarse de especialistas en materia laboral.

Pidió al Senado de la República en su calidad de vicepresidente, de miembro de la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo, y especialista en Derecho Laboral, que no apruebe el proyecto de ley sancionado ya en la Cámara de Diputados.

“Los jóvenes dominicanos no merecen un trabajo basura, un contrato chatarra, que hoy día es rechazado por todas las naciones que han suscrito los convenios fundamentales de la OIT y están adheridos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, expresó Alburquerque.

Expresa que los diputados, sorprendidos en su buena fe, han aprobado un proyecto de ley con el pretexto de combatir el desempleo a nivel de los adolescentes, a condición de no tener derecho a pago de preaviso, auxilio de cesantía, cobertura de seguridad social y a la formación profesional.

Alburquerque hizo el pronunciamiento al conmemorarse este martes el Día del Trabajo Decente, que da derecho a cada trabajador a recibir la protección necesaria para prestar sus servicios en forma digna.

“Se ha sostenido que el proyecto de ley de primer empleo nada tiene que ver con el contrato de trabajo, pues establece un contrato de pasantía para los jóvenes, un simple eufemismo para encubrir un trabajo asalariado que no gozará de protección alguna”, expresó Alburquerque.

Añadió que si el Senado de la República aprueba el proyecto, el 20 por ciento de los trabajadores de una empresa estarán en una situación de desventaja frente al otro 80 por ciento que tendrá el derecho a la protección que el ofrece el Código de Trabajo.

Recordó que recientemente se aprobó un proyecto igual en Francia y se registraron protestas enérgicas contra el intento de precarizar el empleo, mientras que en España, Argentina y Perú terminaron derogadas, lo que demostró que en vez de generar empleos, solo consiguen hacerlo precario.