La Verdad

miércoles, 30 de diciembre de 2009

Cancelaría coroneles que investiga por muerte ex oficial

La comisión de alto nivel que investiga la muerte del teniente coronel José Amado González González podría recomendar la cancelación de los coroneles Miguel Sánchez Martínez, director del Departamento de Planificación y Operaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y del jefe de Servicios del aeropuerto de La Romana, Manuel Díaz Medina.

Ambos oficiales están detenidos en la cárcel de alta seguridad de la DNCD desde el 24 de este mes, una hora después del asesinato de González González.

Sánchez Martínez fue interrogado ayer en la mañana por un procurador adjunto en torno al caso. Esta fue la persona que se reunió con González González, media hora antes de ser asesinado.

Asimismo, la DNCD, la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional ofrecieron protección a Sammy Dauhajre Dauhajre y a todos los que están sindicados en el caso Figueroa Agosto.

En tanto, en las próximas horas será interrogado de nuevo el padre de Madelín Bernard, a quien se acusa de poseer propiedades en La Romana, cuya compra fue diligenciada por el asesinado coronel González González.

Una fuente dijo que sólo esperan que los procuradores adjuntos Frank Soto y Bolívar Sánchez rindan el informe final de las investigaciones para que la comisión que integran el jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, el jefe de la DNCD, mayor general Rolando Rosado Mateo y el procurador general de la República, Radhamés Jiménez, convoquen a una rueda de prensa para anunciar las conclusiones finales y entre ellas la puesta a disposición de la justicia de los coroneles Sánchez Martínez y Díaz Medina, el primero de la Policía y el segundo del Ejército Nacional.

Díaz Medina es sindicado como quien bajaba con la caja fuerte de la casa de González y González.

El abogado

La fiscalía del Distrito Naciona decidió anoche dejar detenido para solicitar hoy medidas de coerción al abogado Juan Carlos Acosta Pérez. El decisión fue adoptada por el fiscal Alejandro Moscoso Segarra luego de interrogar a Acosta Pérez durante varias horas.

El abogado había sido detenido durante un allanamiento realizado el lunes en un penthouse donde supuestamente era buscado el narcotraficante José Figueroa Agosto. Acosta Pérez está recluido en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Cinco investigados y depuran documentos

El procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, reveló ayer que las autoridades depuran las pruebas halladas en el apartamento del ex teniente coronel de la Policía, José Amado González, quien fue asesinado a balazos el 24 de diciembre, en el sector Bella Vista de la capital.

El funcionario reiteró que al menos cinco personas están siendo investigadas con relación al asesinato de González y González, quien tenía 37 años de edad.

"Se ocupó bastante documentación en el apartamento del coronel, y los investigadores la están depurando y en su momento se determinará en que puede servir a la investigación, los documentos o pruebas que puedan encontrarse'' expresó Jiménez Peña.

En relación al prófugo puertorriqueño José Figueroa Agosto, Jiménez Peña declaró que las investigaciones sobre el caso están bastante avanzadas.

Sin embargo, el procurador no quiso adelantar detalles de la probabilidad de que haya más personas con vínculos en la red del narcotraficante Figueroa Agosto.

"Se está trabajando arduamente, ustedes saben que este es un caso de criminalidad compleja, que cualquier detalle puede entorpecer las investigaciones'', expresó.

En otro orden dijo que se pedirá una revisión de la medida adoptada por la jueza del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que dispuso la libertad del propietario de la casa de cambio Hermanos Solano, a quien se vincula al narcotraficante Emilio Mesa Beltré "El Gringo".

El Procurador, entrevistado en esta ciudad mientas entregaba al secretario de Estado de Cooperación de Francia, Alain Joyandet, a las dos ciudadanas francesas que guardaban prisión en el centro de reclusión de mujeres de Rafey, Santiago acusadas de tráfico de drogas y que fueron indultadas por el presidente Leonel Fernández.

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