Industriales piden al Gobierno descartar emisión de bonos y acudir al FMI

La Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH) instó al Gobierno a dejar de lado el proyecto de emisión de US$1000 millones en bonos soberanos porque, desde su punto de vista, en esta coyuntura el país contraería una deuda extremadamente costosa, a un precio que se aproximaría a la usura.

La entidad, que preside Manuel Cabrera, reconoce que existe la necesidad de cubrir un déficit en las cuentas estatales y de reactivar la economía a través de la inversión pública, pero señaló que es necesario apelar a opciones menos onerosas para que el país pueda acceder a fondos frescos.

En ese contexto, llamó al Gobierno a retomar la idea de suscribir algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para, por esa vía, acceder a préstamos de organismos financieros multilaterales a plazos más largos y a tasas de interés mucho más bajas que las que se conseguirían con los bonos soberanos.

Indicó que la actual situación del mercado internacional –que no acaba de reponerse de la crisis financiera más profunda de la historia- y las mismas condiciones de la economía dominicana, obligaría a ofrecer retorno de por lo menos 12% para despertar interés en los bonistas.

Sin embargo, dijo que por la vía de instituciones financieras como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) se conseguirían créditos a largo plazo cuatro veces menos costosos que a través de la emisión de bonos, una opción que, por prudencia, debería ser descartada en esta coyuntura.

La AEIH advirtió que “seguir con la idea de la emisión de bonos soberanos es poner al país, en la presente coyuntura, en manos de usureros, pues la situación internacional y el nivel de riesgo-país depararian una tasa de interés tan alta que podría traer incovenientes en el futuro para cumplir con el repago de la deuda.”

Insistió en que la mejor opción del país es consegui r el aval del FMI, a través de un acuerdo, para aprovechar las ofertas de créditos a largo plazo que poseen los organismos multilaterales para países como República Dominicana.