Pedro Caba apoya inversión eléctrica del gobierno

SANTO DOMINGO.- El sector privado de República Dominicana no invierte en la adquisición de plantas generadoras desde hace más de 5 años, pese a lo cual obtiene cuantiosos beneficios, aun cuando tengan algunas de sus unidades energéticas apagadas, amparadas en el Acuerdo de Madrid, que perjudica los intereses del pueblo en general y del Estado.

Al Estado le corresponde, por tanto, afrontar un déficit de oferta previsto desde ahora hasta el 2016 de más de 2,000 megavatios, por lo que está en lo correcto cuando contrata la construcción, llave en mano, de dos centrales térmicas de 600 megavatios, una a gas natural y la otra con carbón mineral, con empresas estatales de Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur.

La afirmación la hizo el periodista Pedro Caba, en su programa de Buena Fuente, que transmite los domingos por el Canal 2 de Teleantillas y 10 del Telecable Nacional. Caba es también director general de la estatal CERTV.

El entendido en temas económicos, agregó que el Acuerdo de Madrid, concebido durante la administración de Hipólito Mejía, fue el resultado del hecho comprobado de que la mayoría de los usuarios del sistema energético no podían pagar la tarifa eléctrica, que estuvo liberada por más 7 meses, e incrementó su precio en forma considerable.

En ese momento, faltaba menos de un año para que vencieran los contratos de compra-venta de energía de los generadores a los distribuidores (con vigencia cada tres años), y los generadores privados presionaron por una fórmula contractual que les garantizara beneficios en cualquier situación, con precios altos o bajos de los carburantes, lo que fue consignado en el Acuerdo de Madrid y extendido, en vez de por los próximos 3 años, hasta el año 2016”, había dicho Caba en otro comentario sobre el tema en la CERTV.

El periodista, con más de 40 años de ejercicio profesional, contradijo al economista y exgobernador del Banco Central, Bernardo Vega, quien escribió en el diario HOY que el sector privado ha instalado plantas generadoras a carbón y muchas otras a diesel y gas natural, con una inversión total de más de US$1,000 millones.

“El sector privado no ha construido una sola de las generadoras a carbón que relata Vega, pues tanto las dos Itabos como las unidades que pueden procesar carbón de Barahona y San Pedro de Macorís, fueron adquiridas por la antigua Corporación Dominicana de Electricidad. Y más del 90% de todo el parque hoy existente de generadores diesel y la propia Cogentrix, fueron contratadas también por CDE y traspasadas su propiedad y gestión al sector privado, como resultado del proceso de capitalización,” aclaró Caba.

Precisó que al sector privado sólo se le puede atribuir la autoría después de la capitalización de las centrales Andrés, Monte Río, Palamara y Palamara-La Vega y Sultana del Este, poco más de 600 megavatios, de más de 2,200 que tiene el sistema interconectado en capacidad de estar el líneas.

En el caso de Cogentrix con su capacidad de 300 megavatios, que se instaló con contrato que es un calco del “malhadado” contrato con la Smith-Enron, no se ha podido poner en líneas porque procesa gasoil y cuesta menos pagar por mantenerla apagada que encendida.

“Y sus nuevos propietarios, que son los mismos de Ege-Haina, que se comprometieron a instalar un gasoducto para transportar gas natural de Andrés a San Pedro de Macorís, donde se encuentra la Cogentrix, dicen que no disponen de los US$40 millones, y pretenden que sea el Estado el que los aporte”, agregó Caba

Recordó que el concurso convocado por el Gobierno en el mes de enero de 2005 para la instalación de las dos centrales a carbón de 650 megavatios cada una, con lo que se pondría fin a los apagones, fue boicoteado por Ege Itabo, Ege Haina, Metaldom, Cogentrix, entre otras, porque de lograrse ese objetivo ellos quedarían fuera del mercado, porque la generación seria mas barata, y recibuirían un trato preferente acordado por la vigente Ley Eléctrica.

“De haberse instalado esos generadores el famoso Acuerdo de Madrid habría sucumbido, pero en beneficio de los consumidores”, aseguró.

Negando conceptos de Vega, Caba recordó que cuando fue convocada esa licitación era muy poco lo que el Estado adeudaba a los generadores, “más bien referido al consumo corriente mensual”.

Admitió que el Gobierno negocia con Corea y los Emiratos Árabes Unidos la instalación de dos centrales eléctricas, para reducir al mínimo los cortes en el suministro energético, como anuncio el viernes el presidente Leonel Fernández desde Egipto.

El director general de CERTV dijo que para el 2116, el país debería tener instalados cuatro centrales eléctricas de 600 megavatios cada una, dos de las cuales son negociadas con Corea y los Emiratos Árabes, “y las otras dos, muy bien podría financiarlas el sector privado, si es que teme quedarse fuera del negocio eléctrico”.

Recordó que a mediados del 2006, todos los empresarios relacionados con el subsector elécrico se comprometieron en Juan Dolio con el gobierno a la reestructuración del subsector para el 2006-2012, y específicamente a modificar el Acuerdo de Madrid adoptando una nueva fórmula de cálculo que reducía el precio de la energía en más de un 30% y la duración a cuatro años, que debía entrar en vigencia del 1 de enero del 2007, y fue boicoteado por todas las empresas del sector privado generador, a excepción de Unión Fenosa.

“Mientras el Estado, representado por el Poder Ejecutivo y todas sus instituciones de los sectores energía y económico cumplieron desde entonces lo prometido, incluida la creación de la Ley que penaliza el robo eléctrico, el sector privado se cruzó de brazos en casi su totalidad”, asegura Caba.

Pedro Caba consideró que estatizar el servicio eléctrico sería bueno, con el ingeniero Radhamés Segura, vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales (CDEEE) a la cabeza, porque es el profesional que mejor conoce el sector, pero condicionó a que Segura se “reconvierta, y en vez de procurar la candidatura presidencial, se dedique por entero a resolver la crisis eléctrica”.

Recordó que las pre-candidaturas presidenciales en un funcionario público, tienen como resultado inmediato en nuestro país el condicionamiento de los pasos correctivos a “dejar deuda en el camino” para cobrarlas en respaldo político o económico.