SCJ reglamenta proceso obtención de declaraciones a personas en condiciones de vulnerabilidad

El pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) reglamentó este lunes el procedimiento para la obtención de las declaraciones de personas en condiciones de vulnerabilidad, víctimas o testigos en los centros de entrevistas, a los fines de evitar la revictimización garantizando así la seguridad jurídica y el respeto de los derechos humanos. Jorge Subero Isa explicó que atendiendo a los efectos negativos que produce la victimización secundaría de las personas en condición de vulnerabilidad, víctima o testigos, hacen necesario adoptar medidas tendentes a proteger y garantizar sus derechos,

Manifestó que de ahora en adelante el interrogatorio debe ser gravado en formato audiovisual, y será consignado en acta levantada al efecto, que debe ser firmada y certificada por la secretaria del tribunal, previa comprobación de su autenticidad por el técnico actuante.

“Dicha grabación forma parte esencial del caso y debe tener una etiqueta conteniendo advertencia sobre su uso restringido, a fin de garantizar que sirva para todas las fases e instancias procesales, debiendo observarse en principio de confidencialidad sobre la identidad de la persona menor de edad, sin prejuicio del derecho de las partes a examinar el contenido del acta y la grabación”, puntualizo.

Destacó que el Protocolo de Entrevistas tiene el propósito de brindar a las personas usuarias del centro una guía conceptual y práctica mediante la cual se trazan pautas y se describen procedimientos para su adecuada aplicación, funcionamiento y uso.

“Este protocolo está compuesto por dos partes. La primera describe sumariamente las etapas del proceso: solicitud, preparación, conducción de la entrevista, procedimiento en audiencia y término. La segunda comprende apéndices, formularios y anexos que permiten a las personas participantes en el proceso entender sus roles y responsabilidades durante etapas específicas”, dijo Subero.

Insistió en que el Poder Judicial es responsable de brindar la justicia como servicio público que debe ser ofrecido con los más altos niveles de oportunidad, probidad, eficiencia y calidad, pero sobre todo, con respeto del ser humano que la requiere.